Lo que más ha llamado la atención no es el operativo en sí, sino la ausencia de antecedentes penales entre los deportados, pese a que la Casa Blanca ha insistido en que estas medidas están dirigidas a delincuentes.
La reciente oleada de deportaciones desde Estados Unidos ha generado indignación, especialmente entre la comunidad colombiana. En dos vuelos militares de alto perfil, más de 200 ciudadanos colombianos fueron trasladados a su país de origen bajo estrictas medidas de seguridad.
Deportaciones sin distinción
Un vuelo procedente de San Diego, California, transportó a 62 hombres, 16 niños y 32 mujeres, entre ellas dos embarazadas, de acuerdo con declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo. El segundo vuelo, que salió desde El Paso, Texas, trasladó a 46 hombres, 45 mujeres y cinco niños.
Murillo, en un comunicado en video, aseguró que “todos se encuentran en buen estado” y enfatizó que “no son delincuentes”.
Explicó que la información fue verificada por las autoridades competentes, en concordancia con protocolos de deportación y normativas internacionales.
Según él, este proceso se enmarca dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los procedimientos establecidos por la Organización Internacional para las Migraciones.
Pese a esto, las condiciones en las que se realizaron las deportaciones han generado denuncias. “Nos esposaron y nos empujaron como si estuviéramos en la cárcel”, relató Daniel Oquendo en declaraciones a CNN.
Su testimonio se suma al de otros deportados que han cuestionado el trato recibido por parte de las autoridades estadounidenses.
La controversia por los vuelos militares
La tensión entre Estados Unidos y Colombia aumentó cuando el gobierno de Gustavo Petro se negó inicialmente a recibir aviones militares con deportados.
“Un migrante no es un criminal y debe ser tratado con la dignidad que merece un ser humano”, declaró el presidente colombiano. Exigió que las deportaciones se realizaran en aviones civiles y bajo condiciones adecuadas.
En respuesta, la administración de Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 25 % a los productos colombianos exportados a EE.UU., elevándolo al 50 % en el transcurso de una semana si la negativa persistía.
Además, anunció restricciones de viaje y revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus aliados.
Poco después, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que aseguraba que Colombia había aceptado “sin restricciones el retorno de todos los migrantes irregulares de origen colombiano enviados desde Estados Unidos, incluidos aquellos transportados en aviones militares estadounidenses”.
La narrativa de la Casa Blanca
Desde el inicio de su mandato, Trump ha insistido en que las deportaciones masivas están dirigidas a criminales peligrosos. En una rueda de prensa, afirmó que los migrantes indocumentados son “asesinos” y que “serán los primeros en irse”. Sin embargo, los datos sobre los operativos migratorios no respaldan esa afirmación.
Según NBC News, aunque más de la mitad de los detenidos han sido clasificados como “detenciones criminales”, muchas de esas infracciones corresponden a delitos menores o a personas cuyo único “delito” ha sido ingresar al país sin permiso.
A pesar de ello, el gobierno estadounidense ha adoptado un enfoque más agresivo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró recientemente que “reconocer a quienes infringen nuestras leyes de inmigración como delincuentes representa un gran cambio cultural en nuestra nación. Pero eso es exactamente lo que son”.
El endurecimiento de la política migratoria ha llevado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a intensificar los arrestos, exigiendo a cada oficina de campo al menos 75 detenciones diarias. Esta directriz ha generado críticas entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de que ciudadanos estadounidenses y residentes legales sean detenidos por error.
Impacto en las comunidades migrantes
El miedo se ha apoderado de muchas familias migrantes en EE.UU., especialmente entre quienes carecen de un estatus legal pero no tienen antecedentes penales. “No hicimos nada malo. No soy un delincuente”, declaró Andrei Barrientos a CNN tras su deportación a Colombia. “Sí, crucé la frontera de manera ilegal, pero lo hice para ayudar a mi familia y me trataron como si fuera un criminal peligroso”.
El aumento de las deportaciones también está afectando a trabajadores esenciales, muchos de los cuales desempeñan labores en sectores como la construcción, el servicio doméstico y la agricultura. En varias ciudades, activistas han denunciado que los operativos migratorios han dejado a niños sin sus padres y han causado desabastecimiento de mano de obra en algunos sectores.
La implementación de la Ley Laken Riley, recientemente aprobada por el Congreso y considerada una de las primeras grandes victorias legislativas de Trump en su nuevo mandato, podría acelerar aún más las deportaciones. Esta norma permite expulsar a migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos, incluso si no han sido condenados.
Una política con repercusiones económicas
El conflicto diplomático entre EE.UU. y Colombia no solo ha tensado las relaciones bilaterales, sino que también amenaza con afectar el comercio. Colombia es un socio estratégico de Estados Unidos en América Latina, y un aumento de los aranceles a sus productos podría perjudicar a sectores clave como el café, las flores y el banano.
Por otro lado, la deportación masiva de migrantes latinoamericanos también podría tener repercusiones económicas dentro de Estados Unidos. Diversos estudios han demostrado que los trabajadores migrantes contribuyen significativamente a la economía del país, ya sea en el pago de impuestos o en el consumo de bienes y servicios.
El discurso de la Casa Blanca sobre la criminalización de los migrantes indocumentados ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Mientras Trump refuerza su retórica de “hacer América segura de nuevo”, las historias de familias separadas, trabajadores esenciales expulsados y conflictos diplomáticos siguen acumulándose.
La pregunta ahora es hasta dónde llegará esta política y si en algún momento se evaluará el impacto real que está teniendo en la sociedad estadounidense y en sus relaciones internacionales.
