Al parecer la administración de Donald Trump en su segundo mandato va a por todos y el vicepresidente de EE.UU. JD Vance, alertó a los que tienen residencia permanente (Green Cards) que no se sientan seguros, porque esta puede revocarse.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, generó controversia reciente al afirmar que las Green Cards no garantizan una residencia indefinida en el país.
Sus declaraciones, emitidas en una entrevista con Fox News, reavivaron el debate sobre los derechos de los inmigrantes en EE.UU e incluso de aquellos que ya poseen la residencia permanente o Green Cards (la tarjeta verde).
¿Qué dijo el vicepresidente de EE.UU. sobre las Green Cards?
Vance señaló que “un titular de Green Card no tiene un derecho indefinido a estar en Estados Unidos”, enfatizando que su estatus puede ser revocado por decisión de las autoridades federales. Precisando que «la decisión de revocar este estatus puede depender de las autoridades federales».
Sus comentarios surgieron tras la detención de Mahmoud Khalil, un estudiante de la Universidad de Columbia con residencia permanente, arrestado por su participación en protestas contra la guerra contra Palestina y con orden de expulsión, aunque tuviera la Green Card.
La administración Trump revocó la Green Card de Khalil, pero un juez bloqueó su deportación hasta una audiencia judicial. Este caso ha generado debate sobre los límites del estatus de residente permanente y la libertad de expresión en el supuesto «país de la libertad».
¿Se pueden revocar las Green Cards?
Expertos en inmigración advierten que, aunque los residentes permanentes tienen derechos similares a los ciudadanos, pueden perder su estatus si cometen delitos graves, fraude migratorio o representan una amenaza para la seguridad nacional.
Sin embargo, el abogado Russell Stamets aclaró que “las Green Cards pueden revocarse en circunstancias específicas, pero no por ejercer la libertad de expresión”.
El caso de Khalil podría sentar un precedente en la política migratoria de EE.UU., reabriendo el debate sobre el poder del gobierno para revocar residencias legales.
