La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido que se recolectarán las muestras del ADN de los solicitantes de asilo y otros migrantes que son detenidos por autoridades migratorias. Así lo ha informado la Agencia de Prensa AP en su portal digital de noticias.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha hecho oficial el anuncio el lunes de esta misma semana, el cual se refiere a las regulaciones enmendadas que obligarían a la recolección de ADN, a casi todos los migrantes que cruzan entre los puntos de entrada oficiales y que se hallan recluidos aun de manera temporal.
Un funcionario del DOJ dio a conocer que las reglas no se aplicarían a los residentes legales permanentes. Específicamente, a aquellos que al lograr la “Green Card” tienen la obligación de suministrar sus huellas dactilares, así como a cualquier persona que ingrese por vías legales a los Estados Unidos.
De acuerdo con las recientes disposiciones, los niños menores de 14 años se encuentran exentos de la obligación de suministrar muestras de sus ADN, pero no ha quedado del todo claro si a los solicitantes de asilo que entren al país por cruces oficiales también se les tomarán las muestras.
El anuncio oficial del Departamento ha indicado que las muestras de ADN se ingresarán en la base de datos de ADN del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Esta nueva medida le dará al gobierno la posibilidad de acumular una gran cantidad de datos biométricos pertenecientes a cientos de miles de migrantes. Con esto se generan importantes preocupaciones en temas esenciales como la privacidad, y también inquietudes relacionadas con el hecho de si dichos datos deberían exigirse de manera obligatoria, incluso cuando una persona no resulta sospechosa de ningún delito que no sea el de cruzar la frontera sin documentos migratorios.
Por estas razones obvias, diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles ya han expresado su preocupación por el desmedido e incorrecto uso de los datos, y por la nada remota posibilidad de que la nueva política conduzca a acciones legales.
A comienzos del año en curso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recolectó muestras de ADN en siete puntos a todo lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, con el objetivo de poder definir las relaciones familiares entre los migrantes los niños y los adultos que les acompañaban.
Desde entonces, la agencia ha expandido las pruebas de ADN a tres lugares más a todo lo largo la frontera sur del país norteño. En tal sentido, las autoridades norteamericanas de inmigración se encuentran trabajando en la actualidad, bajo la guía de las excepciones concebidas hace casi una década atrás.
En el año 2010, la en aquella época secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, realizó la solicitud de una exención para la recopilación de ADN contenida en la Ley de huellas dactilares de ADN de 2005, la cual incluía a los migrantes bajo custodia que no se hallaban enfrentando cargos penales o inmersos en procedimientos de deportación pendientes. Para su solicitud de exención del cumplimiento de la recopilación de ADN en tales casos, la secretaria de Seguridad Nacional acotaba la falta de recursos de la agencia en el momento de recolectar ADN.
Hasta este momento, las autoridades exigían pruebas de ADN de forma mucho más limitada, como es el caso de cuando un inmigrante era procesado en un tribunal federal por un delito penal. Eso incluía, además, el cruce ilegal de frontera sur de Estados Unidos, una acusación presentada sobre todo contra adultos solteros.
