A pesar de que la adopción internacional de menores puede ser un camino hacia la ciudadanía, en el caso de los adultos la situación es muy diferente. Lo cierto es que, según establece la ley, no se puede adoptar a un adulto para fines migratorios. Pero es importante no confundir las cosas: la ley de Estados Unidos permite que un adulto adopte a otro.
No obstante, las circunstancias para ello deben ser en extremo especiales y con una serie de requisitos adjuntos. Evidentemente, todo ello requerirá la asesoría de un abogado especializado en adopción, en el estado donde se planea realizar este trámite.
Pero, en Estados Unidos la ley es muy clara y establece que no es posible adoptar un adulto para que consiga la residencia permanente.
¿Y si hablamos de la adopción de un menor extranjero?
Aquí la dinámica cambia en estos casos, sobre todo si la adopción del menor extranjero la realiza un ciudadano o residente permanente en Estados Unidos.
Estamos hablando de un proceso bastante complejo que requiere especificaciones detalladas por el gobierno federal. Asimismo, este proceso estará supervisado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que evaluará la aptitud de los solicitantes para adoptar. Además, también evaluará la elegibilidad del menor para emigrar al país.
Resulta válido señalar que, según el país de origen del niño, variará el procedimiento de adopción. Aunque, aquí tienen que ver cuestiones como la ciudadanía o la residencia de los adoptantes y si el niño es huérfano o no.
La edad del menor es otro factor determinante para la elegibilidad y es obligatorio que la adopción se complete antes de que este cumpla 16 años.
Claro que siempre existen excepciones que pueden permitir la extensión de este límite de edad hasta los 18 años. Pero, para ello se requiere la colaboración de un abogado familiar en el país natal del menor. Además, también hará falta un abogado de inmigración en Estados Unidos para garantizar la aprobación del caso.
Si el niño fuera residente en Estados Unidos, se deberá examinar su situación para identificar la ruta legal óptima para la adopción.
