Ley Antiinmigrante desde el 1 de julio: Incluye deportaciones a trabajadores que no cumplan estos requisitos

Una nueva legislación antiinmigrante comienza a regir en Estados Unidos este 1 de julio. Un cuerpo legal que afecta a miles de trabajadores que no cumplen con ciertos requisitos legales.

Se trata de La Ley HB4156, que ha generado un debate considerable sobre su impacto en la economía y la comunidad inmigrante.La iniciativa firmada por el gobernador Kevin Stitt, busca reducir la presencia de inmigrantes indocumentados y dar prioridad laboral a los ciudadanos nativos o aquellos con permisos de trabajo legales.

Las empresas enfrentarán severas sanciones por contratar a indocumentados, y los inmigrantes sin autorización podrán ser deportados.

Contexto Político y Repercusiones

Esta ley llega en un momento de alta tensión política, con las elecciones presidenciales de 2024 en el horizonte. Las políticas del partido Republicano y del expresidente Donald Trump han influido notablemente en la implementación de medidas similares en estados como Texas y Louisiana.

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Verificación de Elegibilidad: Las empresas deberán cumplir con requisitos más estrictos para verificar la elegibilidad laboral de sus empleados.
Documentación Adicional: Se exigirá una mayor cantidad de documentos para que los inmigrantes puedan ingresar y trabajar en Oklahoma.
Cooperación Federal: La ley promueve una mayor colaboración con las autoridades federales de inmigración.
Sanciones Económicas: Las empresas con un alto porcentaje de empleados inmigrantes serán sancionadas económicamente.
Control Fronterizo: Aumentará el control fronterizo para impedir la entrada de indocumentados.

Miles de afectados

El 11.9% de la población en Oklahoma es latina, siendo el segundo grupo poblacional más grande después de los nativos americanos. La implementación de esta ley podría afectar significativamente a esta comunidad.

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Críticos de la ley, incluidos miembros del partido Demócrata, argumentan que esta medida pone en riesgo la privacidad de los inmigrantes y representa una crisis humanitaria, además de afectar negativamente la economía local.

En Texas, la Ley SB4 permite a las autoridades arrestar y deportar a migrantes indocumentados, y establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes ingresen ilegalmente al estado. Oklahoma se alinea así con otros estados gobernados por republicanos que han endurecido sus políticas de inmigración.

Respuesta desde México

El gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, ha expresado su preocupación y ha pedido a los connacionales en Oklahoma que respeten las leyes y continúen con su vida normal.

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La cancillería ha indicado que la ley crea un delito estatal denominado “ocupación inadmisible” y permite a las autoridades locales recabar y conservar datos de personas detenidas, prohibiendo además a cualquier municipalidad en Oklahoma declararse “ciudad santuario”.

El Consulado de México en Oklahoma City trabajará para contrarrestar la retórica negativa en torno a la comunidad migrante indocumentada, subrayando la importancia de México como aliado estratégico de Estados Unidos.

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