Las autoridades de la Mayor de las Antillas buscan estimular la actividad agropecuaria en la Isla. Para ello, han puesto en vigor una nueva normativa que anula los precios máximos establecidos para esos productos.
El Ministerio de Finanzas y Precios estableció que ya no será necesario concertar los importes de los bienes de gestión no estatal con aquellos preestablecidos por los consejos provinciales o administraciones municipales. Tampoco podían excederlos en dos veces su cantidad.
De esta manera, se derogó una normativa adoptada en febrero de 2021 y entra en vigencia la Resolución 320 del pasado 30 de julio. Ahora, los productores tendrán mejores condiciones para impactar en el consumo social o en el mercado minorista.
Asimismo, se anularon los precios máximos de acopio y mayoristas de los productos agropecuarios con destino a la población, dietas médicas y Sistema de Atención a la Familia (SAF). En ellos se incluyen malanga xanthosoma y colocasia, plátano vianda, burro y fruta, así como boniato.
El gobierno aspira a que esta acción favorezca la puesta en marcha de la política de comercialización, sin perjuicio de continuar el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos.
No obstante, se mantienen los costos minoristas centralizados. En estos últimos se contemplan los precios de las dietas médicas, de los SAF y comedores obreros. El objetivo es proteger a las personas que acceden a esos mecanismos sociales.
La medidas es adoptada en medio de difíciles condiciones relacionadas con la crisis generada por la covid-19 y las limitaciones económicas de la nación caribeña.
En las últimas semanas, se han adoptado otras resoluciones que también ayudan a flexibilizar las restricciones imperantes en el país. Entre ellas se cuenta facilidades para la importación de productos destinados a los servicios de gestión no estatal y otros de índole personal.
