El pasado 6 de agosto, el Consejo de Estado de Cuba aprobó un Decreto-Ley “Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” (Mipymes). Los requisitos y pasos a seguir para concretar una de estas entidades fueron abordadas en una reciente Mesa Redonda.
En el espacio televiso intervinieron autoridades de los Ministerios de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, así como de Trabajo y Seguridad Social. Las normativas aprobadas entrarán en vigor luego de 30 días reglamentarios. En ese período se espera que los interesados estudien los documentos y elijan el perfil más acorde con su negocio.
Johana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación (MEP), explicó los elementos necesarios para la constitución de Mipymes o Cooperativas no Agropecuarias (CNA). Según la especialista, se trabaja para que el proceso de aprobación sea flexible, expedito y digital.
“Se evaluaron los trámites mínimos posibles y se concibió una plataforma en línea con plantillas a rellenar”, acotó. Entre los elementos a completar de manera obligatoria en esos formularios estarán el nombre y la ubicación del negocio, además de estatutos y lista de socios. Al mismo tiempo, se ofrece asesoramiento jurídico a quienes lo requieran.
Luego de cumplimentar esos documentos, el MEP comprueba que todo está en regla. La plataforma está conectada con la ficha del ciudadano y con la base de datos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Posterior a este momento, el banco creará de manera automática una cuenta específica a la que los dueños deberán transferir un monto acordado.
La viceministra refirió que todo se encía a una notaría y cuando estén listos los informes se les solicitará acudan a firmarlos. La intención es minimizar la presencia física de las personas para realizar todos los trámites.
Odriozola Guitart también argumentó que se priorizará algunos sectores para la conformación de Mipymes y CNA. Entre ellos se encuentran aquellas relacionadas con alimentos, desarrollo local, negocios de base tecnológica, algunos con exportaciones realizadas a través de entidades empresariales y quienes defiendan el concepto de economía circular por su importancia para la economía nacional. No obstante, todos los proyectos adecuados tendrán oportunidad de ser aprobados.
Características de las Mipymes y diferencias con CNA
Las Mipymes podrán ser privadas, estatales o mixtas. Sobre estas últimas, las autoridades de aseguraron que no se crearán en un primer momento. Todas se han concebido con formas de gestión similares y la principal distinción radica en quién será el dueño.
Meisi Bolaños Weiss, titular del Ministerio de Finanzas y Precios, apuntó que estas nuevas empresas deberán abonar al Estado el 35 por ciento del impuesto sobre las utilidades. A su vez, los socios serán exonerados de los tributos por los dividendos obtenidos de sus operaciones durante el primer año de funciones.
En cuanto a la contribución territorial de las Mipymes, esta se basará en un tipo impositivo del uno por ciento, el cual es similar al que aportan los restantes actores económicos de la Isla. El objetivo es fortalecer los presupuestos municipales. No obstante, no deberán pagar este impuesto hasta luego de dos años de trabajo activo.
Bolaños Weiss también afirmó que las cuentas bancarias fiscales serán obligatorias para las mipymes y los trabajadores por cuenta propia. Asimismo, no será necesario depositar cada mes un por ciento de los ingresos generados. Por otro lado, el saldo mínimo es de tres mil pesos.
Por su parte, Odriozola Guitart del MEP, puntualizó una de las principales diferencias entre las Mipymes y las CNA. Estas útlimas dependen de que al menos tres personas se asocien entre ellas, mientras que las primeras pueden tener un único socio identificado como un individuo natural o jurídico.
Otra especificidad sobre las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba es que pueden tener como dueño una unidad presupuestada instrumental. Esta característica beneficiará sobre todo a aquellas dirigidas al desarrollo local. En otros casos, los socios pueden ser entidades presupuestadas como universidades o centros de investigación.
El Consejo de Estado aspira a que estos proyectos ayudan a la ampliación, reconocimiento y fortalecimiento de actores económicos y otros programas de interés nacional.
