En los últimos días, el debate sobre la calidad y cantidad del pollo distribuido en las bodegas cubanas ha resurgido con fuerza, especialmente tras las denuncias de consumidores sobre prácticas cuestionables en la venta de este producto esencial. Según un artículo de opinión publicado en Tribuna de La Habana, los clientes han señalado que reciben raciones de pollo con grandes bloques de hielo que afectan el peso real del alimento entregado.
El problema del hielo incluido en el peso
Un carnicero justificó a un cliente que el hielo adherido al pollo forma parte del peso total asignado para toda la clientela. Según explicó, si retira el hielo al despachar la ración, al final se generaría un faltante que él tendría que cubrir. Sin embargo, el artículo resalta que esta práctica no solo es injusta para los consumidores, sino que también contradice las regulaciones existentes.
Aunque las normas permiten un margen de merma del 4% para compensar las pérdidas por descongelación, administradores y carniceros de otras unidades han confirmado que esta bonificación no cubre las mermas reales. En consecuencia, los consumidores terminan pagando por agua congelada en lugar de pollo.
Un problema de larga data
El artículo destaca que esta práctica no es nueva. La responsabilidad parece diluirse entre los diferentes eslabones de la cadena de distribución: los carniceros señalan a los transportistas, y estos, a su vez, culpan a los almaceneros. Este traslado de culpas termina afectando al consumidor final, quien recibe menos producto del que debería.
El autor del artículo califica esta situación como una forma de robo, especialmente en un contexto donde el pollo es uno de los pocos productos proteicos accesibles para los cubanos. Además, subraya la urgencia de que las autoridades competentes investiguen, definan regulaciones claras y garanticen su cumplimiento.
El texto señala que prácticas como estas erosionan la confianza en los sistemas de distribución y perjudican directamente a las familias cubanas, que enfrentan una crisis alimentaria severa. Resolver este problema no solo requiere mayor control, sino también voluntad política para proteger los derechos de los consumidores y asegurar un acceso justo a los alimentos básicos.
El debate, de cualquier manera, llama a abordar con seriedad las irregularidades en la distribución de productos esenciales y garantizar que los ciudadanos reciban lo que por derecho les corresponde.
