El mandatario argentino Alberto Fernández, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del estado, anuló una disposición de la anterior administración y flexibiliza desde este marzo de 2021, la estadía de migrantes extranjeros y favorece inclusive la reunificación familiar.
Según el Boletín Oficial se anuló la anterior ley de 2017 del anterior presidente Mauricio Macri porque la misma se encontraba en contradicción con la Constitución Argentina y con la declaración universal de los derechos de los migrantes.
Con esta derogación de aspectos limitantes a la ley del migrante en Argentina, el gobierno de Fernández recupera varios derechos para los extranjeros migrantes en ese país como: el principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la disminución de la retención preventiva del migrante sin definir los por qué son detenidos y la vuelta a los derechos de reunificación familiar por parte del mismo.
El decreto derogado imponía requisitos más estrictos para el ingreso a Argentina de los migrantes extranjeros y aceleraba los trámites para la expulsión de extranjeros con antecedentes penales de Argentina. Según el gobierno actual esto no aseguró mejoría en las cuestiones migratorias de la nación, sino que empeoraron las condiciones de exposición de muchos migrantes.
La oposición de Fernández, que defiende la ley derogada de Macri, señaló que esta flexibilización solo incentivaba la entrada de “delincuentes” a la Argentina, además de favorecer el ingreso a territorio argentino de migrantes en situación irregular.
“Abrirle las puertas a extranjeros con antecedentes penales no fomenta la patria grande sino la inseguridad”, dijo al respecto, el diputado opositor Luis Petri, de la Unión Cívica Radical.
Por otro lado, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares y otras dependencias argentinas de Naciones Unidas habían solicitado al actual presidente Alberto Fernández, que anulara de una vez ese decreto por violatorio de los derechos de los migrantes y finalmente ya se realizó.
La Dirección Nacional de Migraciones es el órgano de aplicación, con competencia para controlar el ingreso y egreso de personas al país y ejercer el control de permanencia del mismo, según las fuentes oficiales.
No obstante, desde finales de febrero, debido a la situación sanitaria, Argentina limita el ingreso, al menos hasta el 12 de marzo, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio.
Agregó que “distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto” y que
Frigerio defendió en cambio la normativa de 2017 porque “aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales” respetando «todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”. Según el dirigente opositor, a raíz de ello bajaron los índices delictivos.
