Así se cobran los empadronamientos en España: de 300 a 700 euros al mes

Uno de los primeros pasos de cualquier migrante recién llegado a España, que desee legalizarse, se llama empadronamiento, que no es otra cosa que inscribirse en el padrón municipal del sitio donde vayan a residir. Pero no todo es tan simple, ni se consigue rápido, porque no todas las viviendas ni propietarios lo permiten. De allí nace un negocio ilegal: cobrar por ello.

Como le contábamos, el empadronamiento es el proceso que permite registrar a todos los habitantes que viven o residen de forma habitual en un municipio español. El Padrón municipal es un documento administrativo que contiene los datos de estos vecinos y que exigirán para otros trámites, como sacar la tarjeta de identificación extranjera, entre otros.

Pero como todo lo que se dificulta, algunos sacan garantías económicas, de esta situación, como denunció recientemente, esta misma semana, el diario de Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España.

Cobros para empadronarse en España

En esta ocasión, la Policía Nacional arrestó a un hombre que se dedicaba a empadronar de forma ilegal a extranjeros en una finca de su propiedad, por la que les cobraba entre 300 y 700 euros por persona.

En el inmueble, de 136 metros cuadrados, había registradas 173 personas que buscaban regularizar su situación en España. También han sido detenidas otras tres personas que se encargaban de captar a los extranjeros, principalmente de origen marroquí y senegalés, en la provincia de Almería.

Pero esta ilegalidad es más común de lo que imaginan y sucede en varias comunidades autónomas, como Canarias, donde llegan cientos de cubanos al año e igualmente, en ocasiones, hemos sabido de denuncias, de cobros por parte de españoles, a recién llegados para empadronarse.

Los extranjeros desembolsan ese dinero, pues el certificado de empadronamiento es solicitado en todos los trámites posteriores que se realicen en suelo español. Pero de ser atrapados, como en el caso antes relatado, se pueden enfrentar a una revocación de los permisos concedidos, así como a sanciones administrativas.