Cuba podría convertirse dentro de poco en uno de los pocos países que aprobó la Eutanasia a nivel mundial. ¿Cómo se aplicará esta especie de “muerte digna y asistida” en la isla? Esto señalan los medios internacionales.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este viernes 22 de diciembre 2023 una serie de normas que modifican el sistema de salud pública del país. Entre ellas, se incluye el reconocimiento del derecho a una muerte digna, que puede implicar la eutanasia para pacientes terminales o en agonía.
Con esta decisión, Cuba se convertiría en el segundo país de América Latina y el Caribe, después de Colombia, en permitir esta práctica médica, más popular en países desarrollados.
En el mundo, solo unos pocos países han legalizado la eutanasia o el suicidio asistido para personas que sufren enfermedades incurables o dolorosas. Algunos ejemplos son Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, España, Alemania, Nueva Zelanda y algunos estados de Estados Unidos. En América Latina, solo Colombia ha adoptado esta medida.
Eutanasia en Cuba: ¿cómo se aplicará?
No obstante, la norma cubana no entrará en vigor hasta que el Parlamento apruebe una regulación específica para su aplicación.
Según el texto final, al que tuvo acceso la agencia Reuters, “se reconoce el derecho de las personas a una muerte digna en las decisiones al final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procedimientos válidos que pongan fin a la vida”.
La eutanasia solo se podría aplicar «a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de vida o que hayan sufrido lesiones que los coloquen en esta condición».
La Eutanasia es un tema que genera controversia en el mundo. Algunos países de América Latina, como Colombia, la han legalizado, mientras que otros, como Argentina y Cuba, la están discutiendo y analizando.
En Europa, Holanda fue el pionero en esta materia, y lo han acompañado España, Bélgica y Luxemburgo. También Canadá y Nueva Zelanda han aprobado leyes que garantizan el derecho a «una muerte digna».
