Un juzgado español, de Palma de Mallorca, archivó la demanda internacional de cubanos en el exilio, interpuesta contra la hotelera Meliá en Cuba por una supuesta explotación indebida de terrenos que fueron expropiados tras 1959.
La mallorquina Meliá Hotels International se libra por el momento de otra querella judicial. En un primer momento esta jueza había ordenado reabrir la causa para ampliar la demanda e incluir al gobierno cubano, pero finalmente no procedió.
La familia de cubanos Sánchez Hill presentó a mediados de 2019 una demanda contra la entidad por enriquecerse con la explotación de los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, situados en la zona de Playa Esmeralda, al noroeste de Cuba.
Meliá construyó estos dos resorts de lujo en terrenos de una antigua hacienda azucarera que perteneció a la familia hasta 1960, hasta la nacionalización por el gobierno de Fidel Castro. La familia pedía legalmente a Meliá 10 millones de euros por la explotación indebida de sus tierras.
La misma fue archivada en septiembre de 2019, pero la familia recurrió a la Audiencia Provincial de Palma, que ordenó se reabriera la causa para incluir al gobierno cubano. Pero las autoridades de la isla no se han personado en la situación ni han renunciado a su inmunidad.
La jueza española mantiene en la resolución que la demanda de la familia se dirige contra un país y tiene como objetivo la declaración de ilegalidad de un acto de nacionalización de bienes.
“Por este motivo se ha de llegar a la conclusión de que los hechos objeto de este pleito se encuentran protegidos por la inmunidad de jurisdicción que ostenta la República de Cuba conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica 16/2015 y provoca que el Estado cubano no pueda ser demandado ni enjuiciado por órganos jurisdiccionales españoles”, dijo.
No obstante la decisión puede ser recurrida en un plazo de 20 días ante la Audiencia Provincial. Los descendientes de la familia Sánchez Hill acusaban a Meliá de obtener un enriquecimiento con causa ilícita durante todo el tiempo que ha durado la actividad hotelera en sus antiguas propiedades.
Reclamaban a Meliá una cantidad equivalente a los beneficios económicos obtenidos durante los últimos cinco años de explotación de los hoteles. La demanda fue presentada en los juzgados de Palma porque es la ciudad en la que la cadena hotelera tiene fijada su base.
La hotelera mallorquina sospecha que este pleito era un paso previo a una reclamación en Estados Unidos amparada por la ley Helms-Burton. La misma permite a particulares y empresas del país reclamar una indemnización por los bienes que les fueron confiscados durante los inicios del gobierno de Fidel Castro.
