Los empleadores de migrantes sin papeles en Florida ahora pudieran enfrentar el peligro de cárcel luego de que el estado considerara la propuesta SB 1617 que exige a todos los propietarios de negocios la utilización del sistema electrónico federal E-Verify, para chequear el estado migratorio de sus trabajadores contratados.
El propio gobernador Ron DeSantis ha sido el principal impulsor de la medida, aunque otros legisladores republicanos se han manifestado en contra de la misma. Tal y como lo reporta Diario Las Américas, el proyecto de ley también exime a quienes contratan empleados independientes, como una doméstica o un jardinero, para que trabaje en una residencia privada.
Quienes incumplan con la revisión en el E-Verify pudiera ser multado 1.000 dólares por día de infracción e, incluso, podría perder su licencia de negocio o tener que devolver cualquier incentivo económico al estado.
Esta medida forma parte de un grupo de condiciones impuestas por el proyecto de ley SB 1718 que sentenciará como delito grave de tercer grado conducir a alguien que vive ilegalmente en el país.
“Se proporcionarán sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y que violen, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos”, indica el texto de la venidera ley.
MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
Asimismo, especifica que ciertas licencias de conducir y permisos emitidos por otros estados exclusivamente a inmigrantes no autorizados, no serán considerados como válidos en este estado y también exige los hospitales que recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes en los formularios de admisión o registro.
La ley pondrá en riesgo a los migrantes hispanos sin documentos que viven y trabajan en ese estado, ya que aumenta la multa máxima que puede imponerse por una primera violación de determinadas disposiciones relativas al empleo, la contratación, el reclutamiento o la remisión de extranjeros para un empleo privado o público.
Además, las autoridades de Florida piden a los ciudadanos y residentes que denuncien si conocen el caso de alguna persona indocumentada que trabaje o resida a escondidas con amigos, empleadores o familiares.
Estos infractores pudieran enfrentar de 5 a 15 años de cárcel, tanto por trasladar a un migrante indocumentado o por protegerlo de la ley su casa, en su iglesia o su centro comunitario.
