A diferencia de naciones como España, el estado de Florida, en Estados Unidos aprobó una nueva ley que permite el desalojo inmediato de “okupas” o sea, personas que se cuelan en viviendas ajenas.
Según la prensa local, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que permite el desalojo inmediato de los «okupas» de una vivienda. Esta ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2024, protege el derecho de los propietarios en todo el estado y se diferencia de las leyes de otras partes del país.
Con esta nueva medida, los propietarios de Florida podrán solicitar a las autoridades el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales de sus viviendas. Esto significa que no tendrán que pasar por un largo proceso judicial, lo que puede llevar meses o incluso años.
La ley también establece sanciones más severas para quienes ocupen una vivienda de forma ilegal.
“Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida”, señaló el gobernador antes de confirmar en Orlando, a finales de marzo, esta ley de desalojo contra “okupas” en este estado.
“Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema”, añadió.
Desalojo inmediato de “okupas” en Florida
Para el desalojo inmediato de “okupas” en Florida, la oficina del sheriff o la autoridad policial local puede cobrar una tarifa por hora si el dueño de la propiedad solicita su presencia para mantener la paz mientras se cambian las cerraduras y se retira la propiedad personal de los «okupas».
Además, la ley libera al dueño de la propiedad de la responsabilidad por la pérdida o destrucción de la propiedad personal del desalojado, a menos que haya sido retirada de forma indebida.
¿Sanciones a los okupas en Florida? La nueva ley de Florida contra la «okupación» establece que traspasar ilegalmente una vivienda con la intención de causar daños por valor de $1.000 o más se considera un delito grave de segundo grado.
También lo es, anunciar a sabiendas, la venta o el alquiler de una propiedad residencial sin la debida autorización o sin ser el propietario legal se considera un delito grave de primer grado.
Además, quienes participen en prácticas engañosas para obtener acceso no autorizado a propiedades residenciales pueden enfrentar cargos penales.
