La INTERPOL y la DGLCCO (Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado) desarticularon esta semana a una banda en Uruguay que se dedicaba al tráfico de personas entre Cuba y ese país sudamericano.
Según el reporte de prensa, los traficantes solicitaban entre 6 mil y 7 mil dólares por persona para moverlos entre La Habana y Montevideo. En ocasiones Uruguay es utilizado como estadía de algunos años para moverse rumbo a Estados Unidos por los migrantes cubanos.
La policía determinó la forma de operar de la organización internacional que se dedicaba al movimiento ilegal de los cubanos a Uruguay. La captación, señalan, comenzaba en La Habana, con el fin de radicarse en Uruguay o hacer una escala rumbo a la frontera mexicana con EE.UU.
Desde Cuba partían en avión hasta Guyana, donde no es precisado un visado para la entrada al país. Luego del pago de la cantidad antes anunciada, se les trasladaba para un apartamento hasta la espera de un grupo mayor de personas. Ahí se les dividía según el destino final y la cantidad de dólares pagados.
Posteriormente eran trasladados por carretera hasta Boa Vista, una ciudad al norte de Brasil. Las personas eran movidas en buses o vuelos de cabotaje hasta el extremo sur del Gigante Sudamericano. Los cubanos accedían a Uruguay por ciudades fronterizas brasileras como Chui o Santana do Livramento.
Según el Ministerio del Interior de Uruguay, el cobro de entre 6.000 y 7.000 dólares era pagado por los familiares de los propios cubanos desde el país norteño. Una vez en Uruguay se instalaban como refugiados.
Con el propósito de desbaratar esa vía de emigración ilegal, esta semana se allanó una vivienda en Uruguay que servía para este propósito. Según la nota de prensa se encontró evidencia de pagos a varios países como Ecuador, Honduras, México y Perú. Junto al dinero se enviaban copias de pasaportes cubanos para que se visaran de manera ilegal y los cubanos pudieran seguir viaje con los mismos.
En general detuvieron a 34 personas involucradas en la red de tráfico desde la isla. Todos los involucrados eran nacionales cubanos, 21 hombres y 13 mujeres, entre los 35 y los 45 años de edad. Doce de ellos fueron condenados por el delito de uso de certificado público falso y cumplirán una sentencia de seis meses. También se confiscaron 18 visas y 34 pasaportes.
