Un gran jurado federal de Florida acusó a tres hombres de origen cubano, luego de que los fiscales lso detuvieran por contrabandear inmigrantes cubanos y retenerlos en una “casa de seguridad” de Hialeah, donde pidieron un rescate de 15 mil dólares.
Los fiscales alegan que los cubanos Didier Pérez Pérez, Lester Leyniel Soca Díaz y Yoandy Alonso formaban parte de lo que describieron como una “red armada de toma de rehenes”.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU en Florida, los tres hombres pasarían de contrabando a los balseros cubanos a través de los Cayos de Florida. Luego los llevaban a una supuesta casa segura y allí pedían más dinero a los familiares por su liberación.
Explican de un grupo de inmigrantes que llegó al sur de Florida en agosto, según una denuncia y que fueron retenidos en ese lugar por los presuntos delincuentes cubanos. Ese mismo documento ubicó la supuesta “casa de seguridad” en una casa en la cuadra 1200 de East Ninth Avenue, de la ciudad de Hialeah.
“Los migrantes fueron amenazados, incluso se les dijo que se quedarían en medio del océano si no se pagaban sus deudas de contrabando”, dijo un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del país norteño.
“La policía rescató a los migrantes capturados y desbarató la red de transporte, acompañando al amigo de una víctima al punto de intercambio de rehenes”, añadió.
CUBANOS DE HIALEAH, REHENES
Según la denuncia, los hombres llamaron a familiares y amigos de las víctimas y les dijeron que no los liberarían a menos que obtuvieran 15 mil dólares americanos. La denuncia establece que una víctima le dijo a la policía que “él y las otras víctimas estaban encerrados en una habitación y no podían salir”.
Los tres hombres fueron acusados de conspiración para transportar y albergar extranjeros con fines de lucro; transporte de extranjeros con fines lucrativos; conspiración para cometer toma de rehenes; y toma de rehenes, explicaron las autoridades policiales de Florida.
El caso fue investigado por el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Hialeah. Este caso está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Elena Smukler. La fiscal federal adjunta Annika Miranda está manejando la confiscación de activos del caso.
