Varios medios de prensa de la Florida confirman un aumento considerable en el número de detenciones de los inmigrantes cubanos con formulario I-220A.
La mayoría de las veces los arrestos tienen lugar cuando acuden a sus citas programadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero también en otros momentos.
Si bien muchos de los afectados llevan más de un año en Estados Unidos cumpliendo con los requisitos exigidos, la medida genera preocupación entre los miles de afectados de la comunidad.
Las detenciones y probable deportación
Los arrestos ocurrieron principalmente en la oficina de ICE en Miramar, adonde los migrantes acudieron como parte del seguimiento exigido bajo su liberación supervisada. La mayoría son mujeres sin antecedentes penales y con procesos legales abiertos.
Abogados y activistas consideran estas detenciones parte de un cambio en la estrategia del gobierno de Donald Trump, que ha ordenado endurecer las políticas migratorias y aumentar las deportaciones. Bajo su mandato, se han suspendido indefinidamente programas como el parole humanitario, lo que deja a cientos de miles en un limbo migratorio.
El caso de Beatriz Monteagudo, un ejemplo del nuevo enfoque
Beatriz Monteagudo, de 25 años, fue arrestada el 10 de marzo tras presentarse en ICE. Había llegado en 2023 y cumplía con todos los requisitos legales. Fue trasladada desde Florida a un centro de detención en San Diego.
Su amigo Johan Ariel explicó que Beatriz participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba y teme ser encarcelada si la deportan. Su situación no es única: otros detenidos enfrentan un futuro incierto sin explicación clara por parte de las autoridades.
Rebeca Sánchez-Roig, abogada de inmigración, calificó la medida como «inusual», pero no ilegal. Afirmó que estas acciones podrían estar destinadas a desincentivar la migración cubana y generar miedo.
El abogado Eduardo Soto, quien representa a Laura de la Caridad Sánchez, otra cubana detenida en Miramar, señaló que la detención se realizó por «órdenes desde Washington», sin mayores detalles. Soto evalúa emprender acciones legales si su clienta no es liberada.
El I-220A: documento sin estatus legal ni protección real
El formulario I-220A es una orden de liberación bajo reconocimiento, emitida por ICE tras procesar a un migrante en la frontera. Permite la salida de un centro de detención, pero no concede ningún estatus migratorio legal.
Muchos cubanos lo recibieron tras ingresar por la frontera con México. Aunque inicialmente algunos lograron ajustar su estatus con este documento, en 2023 una corte de apelaciones dictaminó que no puede usarse para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Un sistema que clasifica a migrantes de forma aleatoria
Abogados denuncian que no hay lógica en la forma en que las autoridades fronterizas decidieron a quién entregar el I-220A y a quién el permiso humanitario. En algunos casos, parejas que cruzaron juntas recibieron documentos distintos, lo que ha provocado enormes desigualdades.
El permiso humanitario permite optar por la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. El I-220A no. La discrecionalidad con la que se otorgan estos documentos ha dejado a miles de cubanos sin vía legal clara para permanecer en el país.
Cientos de miles en peligro de deportación
Se estima que hay casi 550.000 cubanos con I-220A en Estados Unidos. Muchos han solicitado asilo o buscan otras formas de regularizar su situación. Sin embargo, con las nuevas directrices del gobierno, las detenciones podrían aumentar, y el temor crece.
El abogado Mark Prada, quien litiga contra el Departamento de Seguridad Nacional, sostiene que liberar a cubanos solo con el I-220A equivale a negarles acceso a una ley vigente. «Siempre fueron vulnerables. Ahora alguien decidió actuar», afirmó.
Recomendaciones para quienes tienen un I-220A
Los abogados aconsejan cumplir con la ley y asistir a las citas, pero hacerlo con cautela. Recomiendan buscar representación legal competente, explorar vías como el asilo político o peticiones familiares, y mantenerse informados.
La congresista María Elvira Salazar pidió a ICE detener las detenciones hasta que se resuelvan los casos pendientes. La presión política aumenta, pero la incertidumbre también.
