Los cubanos que actualmente son reclamados por familiares que residen en los Estados Unidos y estén recibiendo algún tipo de asistencia pública del gobierno podrían verse más afectados desde este 24 de febrero.
En efecto, la reunificación de las familias inmigrantes en los Estados Unidos será mucho más difícil cuando entre en vigor la nueva regla de carga pública que afecta fundamentalmente a los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos, aspiran extender una visa, permiso de residencia o han solicitado la reagrupación de algún familiar bajo su tutela.
Si la persona que cursa el afidávit desde los Estados Unidos a otro familiar cubano que pretende viajar a través de Guyana, pero está recibiendo asistencia pública, o si por lo menos la recibe algún conviviente suyo, podría verse imposibilitado de traer al reclamado a su lado.
¿Cómo afecta la nueva regla el proceso de reunificación familiar de los inmigrantes?
La nueva ley añade otros criterios a tener en cuenta por parte de las autoridades federales al evaluar a los inmigrantes que desean pasar a ser residentes permanentes en los Estados Unidos.
Ahora los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) analizarán la edad, la salud, la educación, los activos financieros y los ingresos mensuales para determinar a quienes probablemente han necesitado o puedan depender en el futuro de los beneficios del gobierno para la nutrición, la vivienda o la asistencia médica.
Por ejemplo, haber recibido un Medicaid, ayuda para adquirir alimentos, como son las food stamps, un subsidio para la vivienda o cualquier otro tipo de asistencia pública podrían convertirse en un serio obstáculo.
Desde ahora los extranjeros que hayan solicitado la extensión de un visado, la admisión en territorio de los Estados Unidos o la naturalización de su estatus ( la famosa green card) tendrán mayores obstáculos por delante. Se vinculará el uso de la asistencia pública con los méritos o condiciones que permiten determinar si una persona cualquiera es admisible o no, en dependencia de si ha recibido o no beneficios públicos por encima del límite establecido. Igualmente se considerarán otros aspectos como la edad, estado actual de salud, nivel de capacitación y de dominio del inglés, y por supuesto el estado financiero.
“Si en un período de 3 años, la persona recibe por 12 meses consecutivos esa ayuda, el gobierno no permitirá que la persona ingrese a Estados Unidos como residente”, explicó recientemente el abogado en temas migratorios, Irving González.
La Agencia del Departamento de Seguridad Nacional, ha definido como “carga pública” a aquellas personas que pudieran convertirse en dependientes del gobierno norteamericano para garantizar su subsistencia. Siendo así, los más afectados serán aquellos inmigrantes que, a causa de una enfermedad, embarazo y otras discapacidades temporales, necesitaron acogerse a ciertos beneficios, subsidios, asesoría nutricional o asistencia para conseguir un techo.
No obstante, quedarían eximidos los titulares de visas «U» y «T», asilados, refugiados y otras categorías contempladas por la ley norteamericana, y aquellos que hayan recibido beneficios antes del 24 de febrero de 2020.
Analicemos algunos casos puntuales
Una persona que vaya a solicitar residencia favoreciéndose por el matrimonio con un ciudadano americano quien haya cursado una solicitud de reagrupación, o aquellos que vayan a solicitar residencia a través de un trabajo tendrá que demostrar que no va a convertirse en carga pública.
Si hay una persona interesada en legalizarse tras casarse con un ciudadano americano, pero este ha sido una carga pública, podría negársele la residencia.
En cambio, alguien que ha sido residente americano por más de cinco años, y que haya recibido la ayuda del gobierno le sería muy difícil que le negaran la ciudadanía.
