Organizaciones demandan al gobierno de Trump por cancelar el parole humanitario

Tres organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda federal para frenar la cancelación del programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, recientemente anulada por el gobierno del presidente Donald Trump.

Acusan violación del debido proceso migratorio

La demanda fue interpuesta ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia por La Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA, con representación legal del Justice Action Center. Las organizaciones alegan que la medida viola el derecho al debido proceso al ordenar expulsiones aceleradas sin audiencia ante un juez de inmigración.

“El gobierno está obligando a miles de personas vulnerables a salir del país sin la mínima garantía legal”, señalaron los demandantes, quienes representan a beneficiarios del programa que entraron bajo condiciones especiales por puertos fronterizos o con patrocinadores dentro del país.

Un programa con miles de beneficiarios

El programa de parole humanitario fue lanzado por primera vez en 2022 para ciudadanos ucranianos, y luego ampliado a venezolanos en octubre de ese año. En enero de 2023, se extendió a nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua. Permitía la entrada legal por razones humanitarias y ofrecía un permiso temporal de permanencia con posibilidad de solicitar documentos de trabajo.

Desde su inicio, más de 240,000 personas han ingresado a Estados Unidos bajo esta vía. Para muchos fue la única alternativa legal para escapar de situaciones de persecución, violencia o pobreza extrema.

Golpe directo a miles de migrantes

El pasado 25 de marzo de 2025, la administración Trump anunció el fin inmediato del programa para los cuatro países más recientes. La medida dejó en el limbo legal a miles de personas que ya habían sido admitidas o estaban en proceso de serlo, generando temor a deportaciones inminentes.

Los demandantes buscan que el tribunal exija al gobierno garantizar el derecho a una audiencia antes de expulsar a quienes ya están protegidos por el parole. Además, piden que se detenga cualquier medida que limite su derecho a permanecer mientras sus casos se evalúan.

Una decisión con consecuencias humanas y legales

Según abogados y activistas, esta cancelación no solo rompe con los compromisos asumidos por el propio gobierno al ofrecer el parole, sino que expone a miles de migrantes a retornos forzados a contextos peligrosos. Muchos de ellos ya viven en Estados Unidos, trabajan legalmente y han iniciado trámites de residencia u otras formas de ajuste migratorio.

El caso ahora está en manos de un juez federal que deberá decidir si el gobierno actuó dentro del marco legal o si, como afirman las organizaciones, violó los principios básicos del sistema migratorio estadounidense.