Ni siquiera quien actúa bien está en paz: Hasta cumplir con las obligaciones fiscales en Estados Unidos puede tener un costo migratorio y acarrear la deportación.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está por concretar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitiría a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a datos fiscales de migrantes indocumentados en Estados Unidos.
El objetivo sería confirmar sus direcciones y facilitar su detención, en el marco de la estrategia de deportación del presidente Donald Trump.
Aunque las leyes federales protegen la confidencialidad de la información tributaria, el borrador del acuerdo contempla que ICE pueda verificar nombres y domicilios de personas en situación migratoria irregular.
Esta colaboración entre el IRS y el DHS sería una herramienta para ejecutar una de las prioridades del nuevo gobierno: acelerar las deportaciones.
Los impuestos como punto de partida
Durante años, el IRS ha incentivado a los migrantes sin papeles a declarar sus ingresos y cumplir con sus deberes fiscales. Para hacerlo, muchos usan un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN). A través de esta vía, el IRS ha recopilado datos como nombres, empleadores y direcciones físicas.
Ahora, esos mismos datos podrían ser utilizados para facilitar operativos migratorios.
En enero de 2025, CNN informó sobre un borrador del DHS que solicitaba al IRS el acceso a información personal de cientos de miles de personas que pagan impuestos con ITIN, en particular sus domicilios actuales.
Millones en riesgo
Según cálculos recientes, entre 11 y 14 millones de personas viven en Estados Unidos sin documentos. El Instituto de Política Migratoria (MPI) estimó unos 14 millones a mediados de 2023, mientras que el Centro de Investigación Pew, en un estudio de 2024, redujo la cifra a 11 millones.
Las diferencias se deben a metodologías distintas, pero ambas reflejan un número elevado de personas que podrían verse afectadas si el acuerdo entre el IRS y el DHS se concreta.
El presidente Trump ha anunciado su intención de lanzar la “mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”, enfocándose en migrantes con antecedentes penales.
En enero, firmó la Ley Laken Riley, que obliga a detener a personas acusadas de delitos como robo o agresión a agentes del orden.
Además, ha activado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones exprés, como en el caso de supuestos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, trasladados recientemente a cárceles en El Salvador.
Desafíos legales y preocupaciones sobre derechos
La medida ha generado alarma entre abogados y defensores de derechos civiles. En marzo de 2025, un tribunal federal bloqueó temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando violaciones al debido proceso.
Organizaciones de inmigrantes también cuestionan que se use la información tributaria con fines policiales, ya que podría socavar la confianza en el sistema fiscal y disuadir a más personas de declarar sus ingresos.
El debate continúa mientras se espera que el IRS confirme si aceptará ceder los datos requeridos por el DHS, lo que marcaría un giro histórico en la política migratoria y fiscal del país.
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