Nuevas localidades de Florida asumen una postura más fuerte contra los inmigrantes. Bajo la presión directa del gobernador Ron DeSantis, otra ciudad aprobó el viernes que su policía actúe como agente federal de inmigración para controlar y detener inmigrantes.
El lunes, la ciudad de Fort Myers había rechazado la propuesta. Pero la advertencia del gobernador sobre una posible destitución de funcionarios locales que se opusieran, sumada a la intervención del procurador general James Uthmeier, provocó un vuelco.
Según explica Uthmeier, de negarse a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaría violando la ley estatal que prohíbe las llamadas «ciudades santuario» de los inmigrantes. Y entonces la presión surtió efecto: los tres concejales que se habían opuesto inicialmente cambiaron su voto.
Una de ellos, es Darla Bonk, quien culpó al abogado de la ciudad, Grant Alley, por no haberles informado correctamente del alcance legal. “Usted recibe un salario estupendo para proteger a este concejo y no lo hizo”, le recriminó.
Temor y rechazo entre los residentes
La noticia no ha sido bien vista por todos. Decenas de vecinos de Fort Myers se presentaron para expresar su preocupación. Muchos advirtieron sobre los riesgos de una colaboración entre la policía local y ICE: discriminación racial, arrestos injustificados, y el miedo de testigos o víctimas a reportar delitos.
Kathy James, una habitante local, cuestionó que su voto pudiera ser ignorado por una decisión impuesta desde Tallahassee.
“¿Me están diciendo que mi voto no significa nada?”, preguntó ella, y luego añadió que no quiere ver a su policía “vistiendo dos uniformes”.
South Miami se resiste y acude a los tribunales
Mientras Fort Myers cedía, otras ciudades del sur de Florida buscan resistir.
Ese es el caso de South Miami, donde el alcalde Javier Fernández anunció que pedirán a un juez que aclare si su policía debe sumarse al programa 287(g), el acuerdo federal que permite a agentes locales actuar como oficiales migratorios.
“Lo único que nos queda para no cometer errores es acudir a los tribunales”, afirmó Fernández en una reunión pública.
El controvertido programa 287(g)
Este programa, que durante el gobierno de Barack Obama fue suspendido por denuncias de perfiles raciales y falta de supervisión, ahora vuelve con fuerza en Florida. Ya más de 100 agencias participan, incluyendo departamentos policiales en Coral Gables, Key West, Tampa y St. Petersburg.
Jenna Persons-Mulicka, representante estatal republicana, justificó la decisión de Fort Myers apelando a la legalidad.
“Somos un estado de leyes y órdenes”, dijo. Para ella, los gobiernos locales están obligados a apoyar la aplicación federal de la ley migratoria.
Desde la oficina del gobernador evitaron confirmar si se destituirán a los funcionarios que no se alineen, pero DeSantis ya había advertido a los municipios: “Deben gobernarse ustedes mismos acorde a la situación”.
