Con el objetivo de reducir la inmigración legal en el país, a partir de ahora el Gobierno Federal de los Estados Unidos podrá rechazar los permisos de residencia a inmigrantes de distintas nacionalidades, entre ellos cubanos.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobó este lunes una polémica resolución que permite llevar a efecto la “norma de carga pública», que podría representar una dura afectación a los emigrantes de más bajos ingresos o con necesidades sanitarias especiales.
«El Tribunal otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir su política en todas partes, salvo en Illinois», señala la decisión de la Corte Suprema.
La Casa Blanca había presentado la propuesta de esa norma en agosto de 2019, y luego quedó bloqueada en octubre, cuando se esperaba que entrara en vigor, por los tribunales del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
Sin Embargo, en diciembre dos tribunales de apelaciones desecharon los fallos emitidos por las cortes de California, Washington y Maryland en contra de esa normativa defendida por Donald Trump.
Si un inmigrante legal en los Estados Unidos recibe asistencia alimentaria, ayuda de vivienda o subsidios médicos durante más de 12 meses en el período de tres años, será visto por el gobierno como una «carga pública» y en consecuencia podría negársele o cancelarsele la green card, o permiso de residencia.
La medida no solo mira a futuro, sino que podría afectar por igual a aquellos que ya han obtenido la green card. El gobierno determinará si el inmigrante es ya o pudiera convertirse en una «carga pública» para la Administración. Los más afectados serían aquellos que dependen en alguna medida de los fondos públicos para subsistir.
Un emigrante que ya haya obtenido su tarjeta de residente permanente u otro tipo de visado obtenido legalmente podría perder su estatus en el país, en caso de requerir asistencia y ayudas públicas.
El fallo ha sido cuestionado por no pocos activistas, que aducen que se trata de una medida inhumana por afectar fundamentalmente a quienes viven en peores condiciones o son más necesitados, cuando se esperaría todo lo contrario de la primera economía mundial.
Lorella Praeli, al frente de la ONG Community Change Action, indicó que no resguardar «a los más vulnerables acarreará daños persistentes para las mujeres, niños y ancianos».
Entre tanto, FWD.us, otra organización partidaria de una nueva política migratoria en contra de la normativa, considera que el fallo del Tribunal Supremo a los que aspiran a convertirse en ciudadanos estadounidenses algún día.
Todd Schulte presidente de esta asociación dijo que «Esa política enmascara las intenciones de cortar la inmigración legal y perjudicará a millones de familias, incluyendo a estadounidenses nativos, nuestras comunidades y nuestra economía».
En efecto, la normativa permitirá una reducción drástica en la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite entrar y residir en Estados Unidos, al canalizar y respaldar los procedimientos de rechazo de solicitudes de green card por parte del gobierno.
La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
Sin embargo, la normativa afectará a los inmigrantes que soliciten ayuda más allá del país de procedencia, de modo que los cubanos también podrían verse dañados.
La actual política antiinmigrante de Donald Trump ha supuesto un viraje total a los anteriores privilegios concedidos por el gobierno norteamericano a los nacidos en la mayor de las Antillas.
No obstante, el fin de los privilegios migratorios comenzó con el demócrata Barcak Obama toda vez que fue bajo su gobierno que se eliminó la política de “pies secos pies mojados”, principal prebenda migratoria de los cubanos.
A pesar de ello no pocos expertos aseguran que en caso de que no hubiese sido Obama quien retirara esa política el actual mandatario la habría tenido entre los principales puntos de su agenda de medidas, dado que aseguraba la posibilidad de obtener residencia permanente y luego naturalizarse como ciudadanos americanos a todos los cubanos que pusieran un pie en territorio estadounidense, algo que choca frontalmente con los planes antiinmigrantes de Trump.
