Este 1 de julio entra en vigor la polémica ley antimigratoria HB415 que representa un serio peligro para cientos de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos.
La ley HB4156, impulsada por el republicano Jon Echols, tipifica como delito la permanencia de personas sin estatus migratorio legal en Oklahoma y contempla penas de hasta dos años de prisión.
La medida, firmada por el gobernador Kevin Stitt, ha suscitado un amplio debate y preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades migrantes. Desde hoy ya estará vigente y permitirá a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados dentro del estado de Oklahoma.
Con su implementación, Oklahoma se alinea con otros estados republicanos que han endurecido sus políticas migratorias para hacer frente a la inmigración indocumentada.
La Cámara baja aprobó la iniciativa con 70 votos a favor y 20 en contra. Y tras su paso por el Senado, la ley fue ratificada por el gobernador. Este marco legal también prohíbe a cualquier municipio en Oklahoma declararse «ciudad santuario», reforzando así la cooperación con las autoridades federales en materia de inmigración.
Malestar desde México
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha expresado su preocupación por la nueva legislación. Ha instado a los connacionales a mantener la calma, respetar las leyes locales y continuar con sus vidas de manera normal.
En un comunicado, la cancillería señaló que la ley HB4156 crea el delito de “ocupación inadmisible”, penalizando la presencia intencional de personas sin permiso migratorio en el estado.
Además, la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma podrá recopilar y almacenar datos de las personas detenidas bajo esta ley, cruzando esta información con bases de datos estatales y federales.
El Consulado de México en Oklahoma City ha anunciado que presentará los puntos de vista de México a las autoridades estatales. Subrayando la importancia de una retórica justa y basada en hechos sobre la comunidad migrante.
Esta nueva ley es vista por muchos como un reflejo del creciente endurecimiento de las políticas migratorias en varios estados del país. Y se espera que enfrente numerosos desafíos legales en los próximos meses.