La ciudadanía estadounidense se considera permanente, pero no es realmente así. En medio de nuevas promesas de Donald Trump para endurecer las leyes migratorias, vuelven a cobrar fuerza las políticas de desnaturalización: procesos judiciales que pueden llevar a la revocación de la ciudadanía, especialmente a inmigrantes naturalizados.
Desde enero de 2025, con Trump nuevamente en la presidencia, su equipo ha reactivado planes para revisar miles de casos de naturalización y perseguir posibles fraudes. “Comenzamos un nuevo proyecto de desnaturalización bajo Trump. En 2025 estará más que listo”, advirtió Stephen Miller, actual asesor de la Casa Blanca, en la red X (antes Twitter).
¿Quiénes pueden perder la ciudadanía?
Solo los ciudadanos naturalizados pueden ser despojados de su estatus bajo ciertas condiciones legales. Las personas nacidas en Estados Unidos conservan su ciudadanía de forma permanente, salvo que renuncien voluntariamente ante el Departamento de Estado.
La ley permite iniciar procesos de desnaturalización si la persona mintió durante su solicitud, presentó documentos falsos, ocultó antecedentes penales, o si fue hallada culpable de delitos contra la seguridad nacional como traición, terrorismo o espionaje.
También se aplica a quienes obtuvieron la ciudadanía por servicio militar en tiempos de guerra y luego recibieron una baja deshonrosa dentro de cinco años. Estas disposiciones están contenidas en el Título 8 y el Título 18 del Código de Estados Unidos.
Trump promete más acciones y se teme por nuevas revocaciones
Durante su primer mandato, Trump ya había dado luz verde a la creación de una Sección de Desnaturalización dentro del Departamento de Justicia (DOJ). En 2020, esa oficina ya procesaba cientos de casos anualmente, en comparación con los 11 al año de décadas anteriores.
Con su regreso al poder, Trump ha intensificado el discurso. Ha prometido no solo revocar ciudadanías adquiridas fraudulentamente, sino también poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, una propuesta que genera tensiones constitucionales.
En el Congreso, algunos aliados del expresidente han sugerido incluso revisar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, amparada por la Enmienda 14. Aunque esto requeriría una reforma constitucional o una decisión del Tribunal Supremo, la propuesta ya genera incertidumbre entre millones de familias migrantes.
Casos recientes y programas activos
En los últimos años, el programa “Operación Janus” ha permitido al gobierno revisar más de 300.000 casos de naturalización. Solo en 2024, se documentaron al menos 200 remisiones a tribunales por sospecha de fraude en procesos de ciudadanía.
Uno de los casos más notorios fue el de un ciudadano naturalizado que ocultó una orden previa de deportación bajo otra identidad. Su ciudadanía fue revocada en 2023 y fue deportado poco después.
Además, USCIS y el DHS continúan escaneando huellas dactilares y otros biométricos en busca de coincidencias con bases de datos criminales y de deportación.
¿Qué pasa si te desnaturalizan?
Si un tribunal federal revoca la ciudadanía de un individuo, este vuelve automáticamente a su estatus migratorio anterior. Si no tiene una residencia legal válida, queda sujeto a deportación.
El proceso no ocurre automáticamente. El gobierno debe presentar pruebas contundentes ante un juez, quien emitirá una orden de desnaturalización. Luego, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede iniciar su expulsión.
El afectado tiene derecho a defensa legal y apelación, pero si pierde el proceso, no puede recuperar la ciudadanía por medios convencionales.
¿Qué riesgos existen en 2025?
La preocupación entre los ciudadanos naturalizados crece, especialmente por la falta de garantías procesales. Si bien la desnaturalización debe pasar por una corte, no todos los afectados pueden pagar una defensa, y la asistencia legal gratuita no está garantizada.
Expertos han advertido que estas medidas podrían disuadir a residentes legales permanentes de solicitar la ciudadanía por miedo a represalias futuras.
Y aunque la cantidad total de desnaturalizaciones sigue siendo baja, el enfoque político ha cambiado. Desde Washington ya no se habla solo de combatir el fraude, sino de “depurar” a quienes alguna vez tuvieron vínculos políticos con gobiernos como el de Cuba, Venezuela o Irán.
A esto se suma el temor a una posible «lista roja» de países —incluyendo a Cuba— desde la cual podrían restringirse vuelos y entradas a Estados Unidos, incluso a residentes legales.
El ambiente político actual, con discursos que estigmatizan a inmigrantes naturalizados, mantiene en vilo a miles de familias. Porque aunque la ciudadanía es un derecho adquirido, en algunos casos puede convertirse también en un derecho revocable.
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