Desde el 1 de julio, en Estados Unidos se puso en vigor la polémica ley HB4156, la cual convierte en delito la estancia de personas sin estatus migratorio legal.
Esta normativa establece penas de hasta dos años de prisión para los inmigrantes indocumentados, incrementando significativamente los riesgos para estas personas en Estados Unidos.
Impulsada por el legislador republicano Jon Echols y avalada por el gobernador Kevin Stitt, la ley ha desatado una ola de preocupación entre defensores de derechos humanos y las comunidades migrantes.
Esta medida posiciona a Oklahoma junto a otros estados republicanos como Texas, Arizona y Florida. Lo cuales también han adoptado legislaciones similares para endurecer sus políticas migratorias en respuesta al incremento de inmigrantes sin documentación legal.
Riesgos para los Indocumentados
La nueva ley exige que los inmigrantes indocumentados en Oklahoma extremen sus precauciones, ya que su presencia en el estado los expone a un riesgo real de detención y encarcelamiento. Esta situación ha llevado a muchos a replantearse su vida diaria, limitando sus movimientos y actividades para evitar encuentros con las autoridades.
La HB4156 fue aprobada en la Cámara de Representantes con una votación de 70 a favor y 20 en contra, y posteriormente ratificada por el Senado. Al firmarla, el gobernador Stitt dejó claro su compromiso con la aplicación estricta de las leyes migratorias. La normativa también prohíbe que cualquier municipio en Oklahoma se declare «ciudad santuario», asegurando así una mayor cooperación con las autoridades federales en asuntos migratorios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha manifestado su preocupación por la nueva ley. Destacando que introduce el delito de «ocupación inadmisible», que penaliza la presencia intencional de personas sin permiso migratorio en el estado. Esta legislación ha sido vista como un acto de criminalización de los inmigrantes, lo que ha generado tensión entre ambos países.
La Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma será la encargada de recopilar y almacenar datos sobre las personas detenidas bajo esta ley. Cotejándolos con información de bases de datos estatales y federales. Esta medida intensifica la vigilancia y control sobre los inmigrantes indocumentados, aumentando la presión sobre estas comunidades y limitando sus libertades.
La entrada en vigor de la HB4156 representa un nuevo desafío para los inmigrantes indocumentados. Quienes ahora deben enfrentar un entorno legal cada vez más hostil y restrictivo. La comunidad migrante y sus defensores continúan buscando formas de apoyo y protección ante esta dura realidad.
