Desde el gobierno de Estados Unidos dicen que hay abogados y solicitantes que mienten sobre su pasado o su situación anterior para obtener beneficios migratorios como el asilo político.
La Casa Blanca arremete contra los abogados de inmigración: La medida genera todavía más preocupación entre cubanos sin papeles. El foco del gobierno estará puesto, entre otros asuntos, sobre los casos de solicitud de asilo.
Ahora la Casa Blanca endurece su postura contra los abogados que representan a inmigrantes, en especial a quienes promueven peticiones consideradas por el gobierno como engañosas o fraudulentas. La medida, ordenada por el secretario de Seguridad Nacional mediante un memorando oficial dirigido al Fiscal General, genera mayor alarma entre comunidades migrantes, especialmente la de cubanos en Florida.
La iniciativa parte del hecho de considerar que ahora mismo varios bufetes alientan el fraude migratorio y “engañan deliberadamente” al sistema con testimonios manipulados o falsos.
Se cita de forma directa a organizaciones como el Colegio de Abogados de Inmigración, a las que se les atribuye haber instruido a sus clientes a ocultar información relevante para obtener beneficios migratorios como el asilo.
Más vigilancia y sanciones para abogados migratorios
Según la directiva, el Departamento de Justicia revisará litigios de los últimos ocho años contra el Gobierno Federal. Los abogados o bufetes que hayan participado en demandas consideradas “frívolas, partidistas o infundadas” podrían enfrentar sanciones disciplinarias, pérdida de contratos federales o incluso la revocación de autorizaciones de seguridad.
En el caso de procesos migratorios, el foco estará en las solicitudes de asilo, protección bajo parole y beneficios humanitarios. La orden establece que cualquier indicio de asesoramiento fraudulento por parte del abogado podría bastar para una investigación formal.
Inquietud entre cubanos en Florida
La medida ha generado especial inquietud en el sur de Florida, donde miles de cubanos viven en un limbo legal bajo figuras como el parole humanitario o el I-220A. Muchos de ellos dependen de abogados de inmigración para evitar la deportación o conseguir una vía hacia la residencia permanente.
“Esto podría disuadir a abogados de tomar casos complejos por miedo a represalias”, comentó un activista de Miami que trabaja con migrantes cubanos. “Y eso deja a mucha gente sin defensa real”.
En paralelo, la administración Trump ya anunció que revocará el parole de más de 500.000 migrantes admitidos bajo el programa CHNV de la era Biden, lo que añade otra capa de presión sobre los inmigrantes y los profesionales que los representan.
Un mensaje directo desde la Casa Blanca
El memorando menciona explícitamente que “la mala conducta de abogados y bufetes amenaza nuestra seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad electoral”. Además, señala como ejemplo negativo a firmas de abogados que, según el gobierno, animan a los solicitantes a mentir sobre su pasado o su situación para calificar a beneficios migratorios.
También ordena al Fiscal General que priorice sanciones cuando estos casos estén vinculados a temas sensibles como la inmigración, la seguridad nacional o litigios políticos contra el gobierno federal.
En este contexto, cientos de familias cubanas temen que sus procesos queden estancados o que, por miedo a investigaciones, muchos abogados reduzcan su disposición a tomar nuevos casos. Para quienes llegaron sin estatus definido, el margen de acción legal parece estrecharse.
