Indocumentados en California: ¿qué deben conocer sobre la nueva identificación?

Para proteger a millones de indocumentados que viven en el territorio y ofrecerles mejores oportunidades, California aprobó una serie de proyectos de ley. La importancia de ellos radica en el contexto donde entran en vigor, en medio de constantes ataques a las comunidades de inmigrantes.

En 2022 se dieron pasos de avance respecto al tema, cuando se convirtió en ley la iniciativa AB 1766. Esta promueve que todos los inmigrantes sin documentación tengan acceso a una identificación estatal reconocida.

El momento resulta clave porque, aunque ya en el estado existía una forma de identificación para indocumentados (AB60) muchos grupos carecían de acceso al carné.

Entonces, ¿en qué consiste la ley AB 1766?

Esta ley requiere que desde enero de 2024 el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) emita carnés para quienes no puedan comprar su residencia legal. Además, expande a todos los residentes de California la elegibilidad para obtener una tarjeta de identificación del estado sin importar su estatus migratorio.

Los inmigrantes sin documentación que no pudieron obtener la licencia AB 60 serán los mayores beneficiados cuando la ley entre en vigor. En este caso se hallan mujeres, ancianos, personas con ciertas discapacidades y aquellos que no saben aún conducir un vehículo.

De acuerdo a las cifras oficiales más de un millón de inmigrantes serán elegibles para beneficiarse con la nueva identificación estatal.

Algunas de las preguntas más recurrentes entre la población giran alrededor de la privacidad de los indocumentados. De acuerdo a esto las agencias del orden generalmente poseen acceso a las bases de datos del DMV de California.

Aquí se incluyen las fotografías de los conductores y otros datos públicos. No obstante, nunca aparecen los números de seguro social, información médica o sobre alguna discapacidad, ni domicilios.

La ley AB 1766 es bien clara cuando establece que la información de los solicitantes no podrá utilizarse para hacer cumplir las leyes migratorias del país. La excepción sería que exista una orden judicial firmada por un juez.