Este miércoles, autoridades del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba anunciaron que la próxima Ley de Migración, que se espera sea aprobada en el Parlamento en julio, tendrá repercusiones sobre 1,3 millones de cubanos que residen fuera del país.
La propuesta de ley, divulgada como proyecto el pasado 18 de junio, introduce la categoría de “residencia efectiva migratoria” y elimina la restricción de dos años en el extranjero como condición para perder la residencia cubana, según explicó Mario Méndez, jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT, durante una conferencia de prensa.
El nuevo marco legal también establece restricciones de entrada y salida del país por motivos de “seguridad y defensa nacional”, sin que se hayan precisado las razones específicas.
Méndez aseguró que la normativa no limita derechos y no será retroactiva, afectando únicamente a quienes emigren una vez la ley entre en vigor.
Poderes excesivos
Sin embargo, medios de comunicación y activistas han alertado que, de aprobarse, la ley otorgaría poderes excesivos a las autoridades migratorias, “lo cual podría derivar en arbitrariedades”.
Por ejemplo, la abogada Giselle Morfi, de la organización Cubalex, declaró a CubaNet que la Dirección de Identificación de Migración y Extranjería obtendría “atribuciones extremadamente amplias”, como la de controlar las medidas de inadmisibilidad y salida del territorio, decidiendo quién puede entrar o salir del país.
Morfi sostuvo que tales decisiones deberían estar en manos de un tribunal competente, imparcial y autónomo, y no de una entidad del Ministerio del Interior, dado que este organismo no posee la competencia para tomar este tipo de decisiones.
Sin garantías jurídicas
La especialista agregó que las decisiones que restringen libertades y derechos fundamentales reconocidos internacionalmente y en la Constitución cubana deben estar respaldadas por garantías jurídicas, las cuales no están contempladas en la propuesta de ley.
Morfi criticó la redacción del documento, calificándola de demasiado amplia, otorgando a las autoridades la posibilidad de tomar decisiones arbitrarias y potencialmente corruptas, dejando a la ciudadanía desprotegida.
Lo cierto es que el proyecto de ley no incluye procedimientos para reclamar decisiones consideradas arbitrarias, ilegales, abusivas, irracionales o discriminatorias, a pesar de que uno de los principios del proyecto es el de no discriminación.
En términos generales, dijo la entrevistada que las restricciones propuestas no son legítimas ni responden a una necesidad pública o social urgente, y no están en proporción con los objetivos establecidos en el derecho internacional.
