El pasado mes de octubre el Congreso de Estados Unidos presentó el proyecto de la Ley de transparencia y rendición de cuentas de casos atrasados.
Es un hecho, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) aún presenta demoras en la gestión de los procesos migratorios. Ello se debe, principalmente, a la alta demanda de sus prestaciones.
En esencia este proyecto indica a USCIS y a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que determinen, cuanto antes, las causas de las demoras. Como segundo paso el documento ordena a las autoridades a buscar soluciones para resolver la situación recurrente.
La acumulación de casos migratorios durante los últimos años ha llegado a niveles insospechados en Estados Unidos. Datos oficiales de USCIS muestran que entre 2015 y 2020 los procesos pendientes subieron de 3.2 a 5.8 millones. Se incluyen en los retrasos varios tipos de visas solicitadas, procesos de naturalización, así como de Green Card.
Ley imprescindible que no puede esperar
La discusión y posterior aprobación por parte del Congreso de esta nueva ley debe ser cuanto antes para aliviar las largas esperas de los solicitantes. A propósito, el American Immigration Council alzó su voz para recordar que es necesaria la nueva norma. Los expertos citan, entre otros elementos, la inmediata reducción de retrasos que afectan a miles de empleados con visas H1-B.
El representante demócrata de California Tony Cárdenas, promotor de esta regulación, comentó que la acumulación extrema de inmigración continúa dejando a muchas personas en el limbo. “Las familias en todo el país esperan semanas, meses y hasta años sin una sola actualización de su caso y mucho menos una resolución”, dijo el alto cargo.
Lo fundamental es que la nueva ley impondría requisitos estrictos de presentación de documentos y establecería pautas de respuestas a cada caso. Para que la norma llegue a implementarse muchas organizaciones civiles se han unido con el objetivo de apoyar la idea.
Eso es terrible. No es justo.