“Tolerancia cero” ante la inmigración. Tal es la esencia de un proyecto de ley presentado ante las dos cámaras de la Asamblea Legislativa de Florida. La iniciativa refleja la política migratoria defendida por el gobernador del estado, Ron DeSantis. El republicano sigue con esmero la línea del expresidente y líder de su partido Donald Trump.
La propuesta legal llega a condenar, con penas de cárcel de entre 5 y 15 años, acciones como dar posada o transportar a un indocumentado. Así, Florida está a punto de convertirse en el estado más antiinmigrante de Estados Unidos.
Irónicamente, desde hace muchas décadas ya, Florida es uno de los estados con mayor por ciento de población inmigrante. En su condado más productivo, Miami, casi el 63% de los ciudadanos nacieron en otro país.
Núcleos del proyecto de ley antiinmigrante en Florida
La consecuencia directa de aprobar esta propuesta legislativa será la instauración de un estado policíaco en Florida. Básicamente, la normativa criminaliza la estadía indocumentada (que en la actualidad constituye una falta de carácter no criminal).
No obstante, el proyecto de ley no deja en claro qué hechos y motivos constituirán una sospecha razonable para ejecutar un arresto legal por tal motivo. O sobre qué bases la policía decidirá detener, o no, a una persona o un vehículo en Florida.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
- Prohíbe a personas sin estatus migratorio legal en el país (indocumentados) usar licencias identificativas válidas otorgadas por otros estados, e incluso por jurisdicciones de Florida.
- Impone a los centros de salud la obligación de recolectar información sobre el estatus migratorio de los pacientes.
- Exige a los centros sanitarios presentar informes trimestrales sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y reportar la atención de extranjeros no autorizados.
- Modifica las reglas vigentes, para que las instituciones asistenciales puedan compartir la información de los pacientes indocumentados.
- Incrementa el monto de las multas por emplear indocumentados.
- Estipula penas más severas para quienes empleen indocumentados de manera reincidente.
- Establece la pena de suspensión de licencia de operación, de por vida, para las empresas reincidentes en casos de contratación ilegal.
- Impone el uso obligatorio del programa federal E-Verify.
- Implementa penas de cárcel para los extranjeros que empleen documentos falsos de forma premeditada.
- Penaliza con multa y cárcel a quienes transporten a personas indocumentadas. (En este sentido, el proyecto de ley no aclara qué sucederá en el caso de los matrimonios mixtos).
- Prohíbe a las personas indocumentadas ejercer como abogados. (Ello afecta en específico a los beneficiarios del DACA, conocidos como “dreamers”).
