En medio de un clima de tensión creciente por la política migratoria federal bajo la nueva administración de Donald Trump, las autoridades locales en Miami, Florida, buscan calmar los temores de la comunidad migrante.
El jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, declaró que su departamento no pedirá documentos de inmigración durante inspecciones rutinarias, y que su enfoque estará en garantizar la seguridad pública sin discriminar por estatus migratorio.
“Quiero decir a nuestro público aquí en Miami que no tengan miedo por su estatus migratorio. La policía no chequea eso”, afirmó Morales en una entrevista. Sin embargo, aclaró que la policía local colaborará con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si un individuo tiene una orden de detención válida emitida por un juez federal.
Colaboración con ICE en casos específicos
En declaraciones a medios locales, Morales subrayó que su departamento actuará únicamente en casos donde existan órdenes judiciales de detención emitidas por ICE. “Si tienen una orden de aguante por el departamento de ICE, nosotros responderemos y llamaremos a los individuos de ICE para que tomen el control de la situación”, explicó el jefe policial.
Esta postura busca mantener un equilibrio entre el cumplimiento de las leyes federales y la confianza de la comunidad migrante en la policía local. Morales enfatizó que la cooperación ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad y que reportar delitos o actuar como testigos no expondrá a nadie a interrogatorios sobre su estatus migratorio.
Florida endurece medidas migratorias
Mientras tanto, el estado de Florida, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, se prepara para debatir nuevas leyes migratorias en una sesión legislativa especial este 27 de enero.
Estas propuestas buscan reforzar las políticas migratorias estatales en línea con las directrices federales de Trump y limitar el envío de remesas por parte de migrantes indocumentados.
Entre las iniciativas destacadas se incluye el uso obligatorio del sistema E-Verify para verificar la ciudadanía en empresas de envío de dinero, restricciones de liberación bajo fianza para migrantes y la eliminación de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados.
Además, las cárceles estarán obligadas a notificar al Departamento de Seguridad Nacional sobre detenciones de migrantes, facilitando las deportaciones.
Impacto en la comunidad migrante
Estas medidas han generado temor entre los migrantes indocumentados en Florida, especialmente en Miami, un punto de alta concentración migratoria.
Las organizaciones de derechos humanos han advertido que la cooperación entre gobiernos locales y federales podría fomentar la desconfianza en las autoridades locales, afectando la denuncia de delitos y la seguridad general.
Por su parte, DeSantis defendió las nuevas propuestas como necesarias para abordar lo que considera una “crisis migratoria”. Además, advirtió sanciones para los gobiernos locales que no cumplan con estas normativas, designando un coordinador especial para garantizar su implementación.
A medida que se intensifican las políticas estatales y federales contra la migración irregular, la comunidad migrante en Florida enfrenta un panorama más restrictivo, mientras las autoridades locales intentan mantener un balance entre el cumplimiento de la ley y la seguridad ciudadana.
