Trump invoca ley que permite deportar rápido y sin juicios a cualquier inmigrante en Estados Unidos

Para los inmigrantes sin papeles en Estados Unidos cada día llega una mala noticia de la mano de Trump. El presidente ahora ha invocado una vieja ley que técnicamente le permitirá deportar rápido y sin enjuiciar a aquellos migrantes que desee. Más detalles a continuación.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de migrantes sin necesidad de procesos migratorios regulares.

Con este recurso legal, Trump y el ICE podrán expulsar a cualquier migrante que el gobierno considere una amenaza, sin derecho a apelaciones.

Deportaciones exprés sin juicios migratorios

Trump argumentó que la pandilla venezolana Tren de Aragua representa un peligro para la seguridad nacional y que, por ello, debe ser tratada como una organización hostil en guerra con Estados Unidos. Su proclamación permitiría deportar a cualquier persona identificada como miembro del grupo sin seguir los procedimientos habituales de inmigración.

El mandatario firmó la orden la noche del viernes y su administración comenzó a ejecutarla de inmediato. El Salvador aceptó recibir hasta 300 migrantes que el gobierno designó como pandilleros. Según reportes, varias personas ya habían sido trasladadas cuando la medida fue bloqueada.

Una ley usada solo en tiempos de guerra

La Ley de Enemigos Extranjeros se ha aplicado solo tres veces en la historia del país, todas en tiempos de guerra. Su uso más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando permitió la detención e internamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses en territorio estadounidense.

Trump justificó su decisión afirmando que Venezuela ha perdido el control de su territorio frente a grupos criminales transnacionales y que el Tren de Aragua está librando una «incursión depredadora» en suelo estadounidense.

El freno judicial

Horas después de iniciarse las deportaciones, el juez James E. Boasberg bloqueó la orden temporalmente.

Argumentó que la ley no había sido utilizada antes contra organizaciones criminales, sino contra estados enemigos, y que la medida del gobierno tenía implicaciones legales que debían revisarse. Suspendió las expulsiones por 14 días y fijó una audiencia para el viernes.

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