El presidente republicano ha recibido un duro golpe con esta noticia, pues de esa manera no podrá cumplir con una de sus principales promesas de campaña.
El Tribunal prohíbe el traslado inmediato de inmigrantes a la prisión de El Salvador sin derecho a defensa. La norma usada por Trump data de 1798 y solo se aplicaba en tiempos de guerra.
El Supremo ordena detener las expulsiones inmediatas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó este sábado a la administración de Donald Trump que suspenda temporalmente las deportaciones de venezolanos acusados de pertenecer a bandas criminales, realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII invocada por el presidente en su cruzada migratoria.
La decisión representa un duro revés para la Casa Blanca, que ya había deportado al menos 137 venezolanos a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador, considerada por organizaciones internacionales como un centro donde se violan derechos humanos.
La orden judicial establece que ninguno de los detenidos podrá ser expulsado del país hasta nuevo aviso del Supremo, en respuesta a una apelación de emergencia presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, se opusieron a la medida.
Detenciones sin derecho a defensa
Los migrantes afectados estaban recluidos en el centro de detención Bluebonnet, en el norte de Texas, y habían recibido notificaciones en inglés, a pesar de que muchos no lo comprenden. Según la demanda, no se les explicó que tenían derecho a impugnar la orden de deportación ante un tribunal federal.
La ACLU advirtió que sin la intervención del Supremo, cientos de personas corrían el riesgo de ser enviadas a una prisión extranjera sin haber sido juzgadas ni tener oportunidad real de apelar.
Una ley usada solo en tiempos de guerra
La Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, solo se ha aplicado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante conflictos armados. La última vez fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se internó a ciudadanos estadounidenses de origen japonés sin juicio.
Trump invocó esta ley para justificar la expulsión inmediata de supuestos integrantes del Tren de Aragua. A quienes acusa de “amenazar con una incursión predatoria en territorio estadounidense”. Bajo esta premisa, el presidente ordenó deportaciones sin notificación formal ni plazos razonables para defensa.
El 8 de abril, el propio Supremo había autorizado el uso de esta norma, pero con condiciones. Los migrantes debían ser informados con tiempo y tener la opción de presentar un recurso de hábeas corpus. La nueva orden se emite porque esas condiciones no se estaban cumpliendo.
Estrategia judicial: trasladarlos donde no hay bloqueos
Según reveló la ACLU, tras las primeras prohibiciones judiciales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas, el gobierno comenzó a mover a los detenidos a centros de detención donde aún no había órdenes judiciales en su contra, como el de Bluebonnet. De ese modo, intentaban esquivar los límites impuestos por otros jueces.
Este uso táctico de la geografía judicial ha sido duramente criticado por defensores de derechos humanos, que acusan a la administración Trump de buscar vacíos legales para llevar a cabo deportaciones exprés.
Otro revés para Trump: el TPS tampoco se elimina
El mismo día en que el Supremo bloqueó estas deportaciones, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, rechazó otra petición del gobierno de Trump. En este caso, eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos, lo que también habría provocado una ola de expulsiones inmediatas.
El tribunal concluyó que la Casa Blanca no justificó que sufriría un daño irreparable si la decisión quedaba congelada, y mantuvo en pie el fallo de un juez federal que bloqueó la orden de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Un caso que expone fallos en el sistema
La tensión judicial en torno a estas deportaciones también ha estado marcada por el caso de Kilmar Ábrego García. Un salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos al Cecot. Aunque el propio Departamento de Justicia reconoció inicialmente que fue una equivocación, luego intentó justificar su expulsión alegando vínculos con la MS-13.
El Tribunal Supremo ordenó su repatriación inmediata a Estados Unidos, afirmando que no se respetó el debido proceso. Aún así, la administración se ha negado a cumplir el fallo, en lo que constituye una peligrosa señal de confrontación institucional.
Trump presiona, pero la justicia resiste
Estas decisiones judiciales muestran los límites a las políticas migratorias extremas del presidente. Quien ha hecho de la deportación masiva un eje de su segundo mandato. Sin embargo, la justicia —aunque dividida— ha comenzado a trazar líneas rojas claras sobre el respeto al debido proceso, incluso en los casos más delicados.
Donald Trump insiste en que los migrantes representan una amenaza para la seguridad nacional. Pero por ahora, la ley sigue exigiendo que incluso los acusados tengan derecho a defenderse antes de ser expulsados.
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FELICITO AL SUPREMO DE EEUU, POR HACER COMO DEBE HACER LA JUSTICIAS SE HAN BASADO EN PRUEBAS Y NO EN CAPRICHOS DE PERSONAS Y SOBRE TODO CON QUIEN TIENE PROBLEMAS CON LA MENTE Y NO ME DEJARA EN MENTIRA SI UN PSIQUIATRA LE HICIERA UNA CONSULTA, UN TRATAMIENTO Y UN HOMBRE NUEVO AL TRABAJO, EN CUALQUIER PAÍS LA JUSTICIA DEBE PREVALECER, SINO ES UN RELAJO DE CAPRICHOS DE ODIOS Y PROBLEMAS PERSONALES
ado mismo,ok