Un juez federal bloqueó este martes la política del presidente de EE. UU., Joe Biden, de imponer más restricciones a la solicitud de asilo en frontera tras el fin del Título 42 y que el gobierno considera ha reducido de manera significativa los cruces ilegales.
Recordemos que en mayo pasado el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicaron nuevas disposiciones radicales para disminuir aún más “la migración ilegal en todo el hemisferio occidental”.
“Estados Unidos volverá a utilizar el Título 8 para procesar y expulsar rápidamente a las personas que lleguen ilegalmente a la frontera de los Estados Unidos”, señalaron en el texto.
Asimismo, aseguraron que las personas que cruzaran de manera irregular “serán inelegibles para asilo”.
Sobre este tema, se conoció que este 25 de julio el magistrado Jon S. Tigar del Distrito Norte de California falló a favor de una demanda de grupos civiles que denuncia esta medida de Biden por “violar las leyes de asilo de EE. UU. y poner en grave peligro a los solicitantes”, reseña EFE.
Según la información ofrecida, la demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados.
BLOQUEAN RESTRICCIÓN DE ASILO EN FRONTERA DE EEUU CON MÉXICO
“El fallo es una victoria (…) muchas personas que huyen de la persecución y buscan refugio para sus familias quedan en grave peligro”, declaró Katrina Eiland, directiva de ACLU, al citado medio.
Ahora, el juez Tigar ha dado 14 días al Gobierno Biden para responder al fallo.
El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del DHS, Blas Nuñez-Neto, aseguró a la agencia que “estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario”.
Desde ACLU consideran que si bien Biden prometió restaurar el sistema de asilo, “ha duplicado las crueles restricciones de su predecesor”, Donald Trump.
En esencia, la demanda busca que cuando un migrante llegue a un punto de la frontera, tenga “el derecho de pedir asilo y de que se escuche su caso”.
