Desde este 2 de diciembre, una nueva regulación del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) en Cuba entró en vigor.
La medida, publicada en la Gaceta de Cuba como Resolución 93/2023, fue publicada hace un mes y establece un nuevo requisito para las empresas que quieren registrarse en el Registro Central Comercial y están obligadas a implementar los pagos digitales.
En esencia, la nueva regla dice que las empresas deben asegurarse de que sus clientes puedan pagar electrónicamente. Esto significa que los comercios deberán tener la capacidad de cobrar a través de pasarelas de pago nacionales o terminales de punto de venta (POS).
Aplica a todas las personas y empresas que realizan actividades comerciales y que necesitan registrarse en el Registro Central Comercial.
Al respecto, la viceministra del MINCIN, Inalvis Smith Luben, explicó que la resolución afecta a varias actividades, incluyendo el comercio mayorista y minorista, los servicios de comida, los servicios técnico-comerciales y de uso doméstico, y los servicios de alojamiento proporcionados por empresas del Poder Popular.
Aunque el efectivo todavía se puede usar como opción de pago, las empresas deben tener habilitadas las plataformas de pago Transfermóvil y Enzona. Para implementar estas plataformas, el MINCIN ha trabajado con varios organismos, incluyendo el Ministerio de Turismo y el Grupo Palmares.
PAGOS ELECTRÓNICOS EN CUBA
Los directivos recordaron en reciente Mesa Redonda que Las empresas tienen dos plazos para cumplir con esta nueva resolución. Las nuevas empresas tienen 30 días para registrarse en el Registro Central Comercial y las empresas ya registradas tienen hasta 60 días para asegurarse de que pueden aceptar pagos electrónicos.
El director nacional del MINCIN, Santiago Secada Elozegui, mencionó que más de 198 mil trabajadores por cuenta propia, así como los Proyectos de Desarrollo Local, las cooperativas, las empresas, las Mipymes y los productores independientes, deben cumplir con esta disposición.
Si una empresa no cumple con lo establecido, puede enfrentarse a varias sanciones, incluyendo multas, el cierre del negocio y la confiscación de los instrumentos, equipos, mercancías o efectos que dieron lugar a la infracción.
