La administración del presidente Donald Trump planea imponer multas de hasta 998 dólares diarios a migrantes con órdenes de deportación que no abandonen el país. Además, contempla confiscar sus bienes si no pagan las sanciones, según documentos oficiales revisados por Reuters.
La base legal de esta medida proviene de una ley de 1996, aplicada por primera vez en 2018 durante el primer mandato de Trump. Según un alto funcionario de su equipo, que pidió permanecer en el anonimato, el plan incluye aplicar las sanciones retroactivamente durante un periodo de hasta cinco años, lo que podría suponer multas acumuladas superiores al millón de dólares para algunos inmigrantes.
Esta ofensiva se enmarca dentro de una estrategia más amplia del presidente Trump para reforzar el control migratorio y aumentar las deportaciones. En su primer mandato ya intentó multar a nueve migrantes que se encontraban refugiados en iglesias, con sanciones que alcanzaban los cientos de miles de dólares. Aunque inicialmente se retiraron dichas multas, se reanudaron posteriormente con montos más bajos, cercanos a los 60.000 dólares por persona, según registros judiciales.
Multa diaria de 998 dólares para quienes no se autodeporten
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó en un comunicado que quienes se encuentren ilegalmente en el país deberían utilizar la aplicación móvil CBP Home (anteriormente CBP One) para «autodeportarse y abandonar el país inmediatamente». En caso contrario, advirtió, «afrontarán las consecuencias», incluida la multa diaria de 998 dólares por cada día que permanezcan después de recibir una orden de deportación final.
Según correos electrónicos internos del gobierno citados por Reuters, la Casa Blanca está presionando a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que gestione no solo la aplicación de multas, sino también la incautación y subasta de propiedades de los migrantes morosos. Incluso se está considerando involucrar a la división de confiscación civil de activos del Departamento de Justicia.
Actualmente, más de 1,4 millones de migrantes tienen órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración en EE. UU. Aunque el presidente Joe Biden suspendió estas multas al asumir el cargo en 2021, Trump pretende reactivarlas, lo que puede tener un efecto intimidatorio entre las comunidades migrantes y sus defensores, quienes ya anticipan posibles desafíos legales.
Esta medida ha sido calificada como una de las más agresivas en la historia reciente de la política migratoria estadounidense, con posibles consecuencias humanitarias, económicas y legales.