Negocio privado en La Habana impone un recargo del 10 % en pagos electrónicos, violando las normativas del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y el Banco Central de Cuba (BCC).
Un negocio privado en la capital cubana violó las políticas del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y el Banco Central de Cuba (BCC) al anunciar, a través de sus redes sociales, la implementación de un recargo del 10 % sobre el monto final de sus servicios para quienes realicen pagos a través de vías electrónicas.
De acuerdo con las resoluciones 93 del Mincin y 111 del BCC, los establecimientos comerciales están obligados a facilitar y promover el uso de pagos electrónicos sin aplicar recargos adicionales al consumidor. Y es que el objetivo de la medida es impulsar la bancarización y la digitalización de las transacciones en todo el país.
Según reporte de Granma, entre el 2 y el 6 de septiembre, el Mincin realizó inspecciones en 1 767 establecimientos a nivel nacional, de los cuales 695 eran estatales y 1 072 no estatales.
Durante los controles, se detectaron 506 infracciones y se aplicaron 459 medidas punitivas, que incluyeron el cierre de 58 establecimientos, el retiro de la Autorización Comercial a 17 negocios y 384 multas que totalizan 1 044 515 pesos.
Violaciones a las resoluciones 93 del Mincin y 111 del BCC
Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, informó que el 71 % de las infracciones se concentraron en los trabajadores por cuenta propia (52 %) y los establecimientos del sistema de Comercio local (19 %).
Además, destacó que las infracciones no ocurrieron de manera uniforme en todo el país, ya que provincias como Santiago de Cuba no reportaron violaciones, mientras que en otras regiones, como Villa Clara y la Isla de la Juventud, se realizaron pocas acciones de control.
En paralelo, se llevaron a cabo 602 intervenciones en mercados agropecuarios y áreas comerciales relevantes, en un esfuerzo por fomentar los pagos digitales en esos espacios.
Como parte de la estrategia de bancarización, el BCC ha identificado 342 propuestas de zonas bancarizadas, donde los establecimientos cuentan con las condiciones tecnológicas para operar únicamente con pagos digitales.
Con vistas al 2 de noviembre de 2024, fecha en la que se cumple un año desde la publicación de la Resolución 93 en la Gaceta Oficial, las autoridades aseguran que trabajan para garantizar que todos los actores económicos —incluyendo empresas estatales, mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia— se adapten a las normativas establecidas.
