La administración Trump suspende la tramitación de ciertas tarjetas de residencia (o Green Card), afectando a refugiados y solicitantes de asilo aprobados.
El actual gobierno de Estados Unidos ha decidido pausar el procesamiento de solicitudes de tarjetas de residencia para ciertos grupos de inmigrantes, entre los que se incluyen aquellos a quienes ya se les había concedido el estatus de refugiado. Esta acción, revelada por fuentes de CBS News, forma parte de un endurecimiento en la verificación de inmigrantes.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de la tramitación de solicitudes de residencia permanente legal presentadas por personas que obtuvieron asilo o refugio. La decisión deja en un limbo legal a individuos que, tras un riguroso proceso, lograron protección en Estados Unidos al demostrar que corrían peligro en sus países de origen.
Según el artículo antes citado, los refugiados son admitidos en Estados Unidos tras un proceso exhaustivo que incluye controles de seguridad, exámenes médicos y entrevistas, un procedimiento que puede durar años. Por otro lado, los solicitantes de asilo son extranjeros que ya se encuentran en el país y obtienen protección a través de jueces de inmigración o funcionarios de asilo. Ambos grupos deben probar que enfrentarían persecución por motivos como sus opiniones políticas, raza o religión.
Trump suspende tarjetas de residencia en EE.UU.
La administración Trump ha puesto el foco en estos programas, suspendiendo el proceso de refugiados y restringiendo el sistema de asilo en la frontera con México mediante órdenes ejecutivas que han sido impugnadas en tribunales federales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la información de CBS News, alegando que la pausa en la tramitación de las tarjetas de residencia es una medida necesaria para cumplir con órdenes ejecutivas del presidente Trump, que cuestiona los procedimientos de verificación de la administración Biden. Según el DHS, esta pausa permite realizar «nuevos exámenes y verificaciones para detectar posibles fraudes, riesgos para la seguridad pública o la seguridad nacional».
Una de las órdenes presidenciales citadas insta a las agencias federales a «verificar al máximo grado posible a todos los extranjeros que intentan ingresar o ya se encuentran en Estados Unidos».
