La presidencia de España está en juego y miles de cubanos siguen con atención lo que ocurre, por la posible influencia que pueda tener sobre el futuro de la Ley de Memoria Democrática (LMD) y sus supuestos de acceso a la nacionalidad española.
Este 15 de noviembre se celebra el debate de investidura, y mañana jueves 16, el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, necesitará los votos a favor de una mayoría absoluta (176) de la Cámara para ser reelegido.
El programa del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), partido del candidato a la presidencia, asegura que durante la próxima legislatura “desarrollarán en su integridad la Ley de Memoria Democrática”.
“Seguiremos ampliando el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes en el exterior, al amparo de la Ley de Memoria Democrática”, señala este texto, que promete además “mayores recursos materiales y humanos a las oficinas consulares”.
Sobre este tema, Pedro Sánchez también ha expresado que promoverá la aprobación de una Ley de Nacionalidad que regule los derechos de ciudadanía de los españoles y españolas en el exterior.
En este sentido, ha precisado con anterioridad que la norma será “la que plantea el Consejo de Residentes Españoles en el Exterior – CRE”, que busca acabar con la “discriminación entre españoles de origen y no de origen”.
LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
Recordemos que la Ley de Memoria Democrática no es una Ley de Nacionalidad, sino una norma que tiene como objetivo “recuperar, salvaguardar y difundir la memoria democrática”. No obstante, su Disposición Adicional Octava permite a algunos descendientes conseguir la nacionalidad española.
Al cumplirse un año de su entrada en vigor, Pedro Sánchez aseguró que “La ley se va a cumplir”. Sus proyecciones han sido aplaudidas por el Centro de Descendientes de Españoles Unidos que han llegado a reconocer: “Está muy claro el programa del PSOE para el exterior. Proteger lo dispuesto en LMD en nacionalidad y una ley de Nacionalidad. Los hechos lo avalan”.
A la espera de lo que suceda, lo cierto es que los solicitantes cuentan con un plazo de dos años para realizar el trámite en los consulados de España en el exterior. Tanto descendientes como expertos en materia migratoria se han preocupado por lo que pueda suceder una vez finalice el periodo de vigencia.
“Es cierto que una vez que el plazo de la ley culmine, los hijos mayores no tendrán derecho a presentar su nacionalidad, pero sí podrán solicitar un visado”, informó Estela Marina, CEO y fundadora del Grupo ARISTEO, sobre uno de los supuestos de acceso.
