En los últimos meses, miles de cubanos han llegado a la frontera de Estados Unidos buscando refugio. Sin embargo, muchos de ellos se han encontrado con una situación legal confusa y precaria, que les impide acceder a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano, una norma que desde 1966 facilita la residencia permanente a los nacionales de la isla.
El problema radica en que, desde el año pasado, las autoridades migratorias han dejado de otorgar la llamada «libertad condicional humanitaria» o «parole» a los cubanos que llegan al país, y en su lugar les entregan un formulario I-220A, que es una orden de liberación bajo palabra. Este documento no les permite solicitar el ajuste de estatus ni la tarjeta verde o Green Card, y los deja en un limbo legal que puede durar años.
Ante esta situación, un grupo de congresistas, encabezado por la representante María Elvira Salazar, ha pedido al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que conceda un estatus especial de «Parole in Place» (PIP) a todos los cubanos que recibieron el I-220A.
El PIP es una medida discrecional que permite al DHS otorgar la libertad condicional a personas que ya están dentro de Estados Unidos, por razones humanitarias o de interés público. Beneficia a las familias de militares con familiares indocumentados en Estados Unidos.
CUBANOS CON I-220 A: PAROLE IN PLACE
Según la carta enviada por los congresistas, el PIP permitiría a estos cubanos ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, y así regularizar su situación migratoria.
Los legisladores argumentan que esta acción es necesaria para proteger a los cubanos que huyen del gobierno y evitar que sean deportados a una isla donde podrían “enfrentar represalias y violaciones de derechos humanos”.
“Este PIP debe procesarse con la mayor urgencia posible. En representación de los miles de cubanos en nuestras comunidades, y los de todo Estados Unidos, pedimos una solución completa y ágil para estas personas”, finalice el mensaje.
