Con el objetivo de reducir la inmigración legal en el país, a partir de ahora el Gobierno Federal de los Estados Unidos podrá rechazar los permisos de residencia a inmigrantes de distintas nacionalidades, entre ellos cubanos.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobó este lunes una polémica resolución que permite llevar a efecto la “norma de carga pública», que podría representar una dura afectación a los emigrantes de más bajos ingresos o con necesidades sanitarias especiales.
«El Tribunal otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir su política en todas partes, salvo en Illinois», señala la decisión de la Corte Suprema.
La Casa Blanca había presentado la propuesta de esa norma en agosto de 2019, y luego quedó bloqueada en octubre, cuando se esperaba que entrara en vigor, por los tribunales del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
Sin Embargo, en diciembre dos tribunales de apelaciones desecharon los fallos emitidos por las cortes de California, Washington y Maryland en contra de esa normativa defendida por Donald Trump.
Si un inmigrante legal en los Estados Unidos recibe asistencia alimentaria, ayuda de vivienda o subsidios médicos durante más de 12 meses en el período de tres años, será visto por el gobierno como una «carga pública» y en consecuencia podría negársele o cancelarsele la green card, o permiso de residencia.
La medida no solo mira a futuro, sino que podría afectar por igual a aquellos que ya han obtenido la green card. El gobierno determinará si el inmigrante es ya o pudiera convertirse en una «carga pública» para la Administración. Los más afectados serían aquellos que dependen en alguna medida de los fondos públicos para subsistir.
