La administración de Donald Trump tiene previsto revitalizar el Programa 287(g) como eje central de su estrategia migratoria. Este plan busca intensificar las deportaciones masivas mediante la colaboración de las fuerzas del orden locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
¿Qué es el Programa 287(g)?
Creado en 1996 bajo la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes, el Programa 287(g) permite a las autoridades locales asumir funciones migratorias. Con la capacitación adecuada, los oficiales locales pueden acceder a bases de datos migratorias y emitir órdenes de retención para personas detenidas por delitos locales, manteniéndolas bajo custodia hasta que ICE evalúe su deportación.
Actualmente, 60 agencias operan bajo el modelo de aplicación de leyes dentro de cárceles, mientras otras 75 trabajan con un modelo limitado. Según ICE, en 2022 este programa permitió identificar a cientos de inmigrantes condenados por delitos graves, incluyendo agresiones, tráfico de drogas, delitos sexuales y homicidios.
Opiniones encontradas sobre el programa
El Programa 287(g) genera posturas opuestas. Para sus defensores, como el sheriff Jeffrey Gahler del condado de Harford, Maryland, esta iniciativa mejora la seguridad pública al enfocarse en inmigrantes indocumentados arrestados por delitos. «Quienes violan las leyes migratorias deben asumir las consecuencias de sus actos», argumenta.
Sin embargo, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) critican que fomente la discriminación racial y erosione la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. Otros cuestionan su eficacia en zonas rurales, señalando que los recursos podrían usarse para combatir delitos más graves.
El impacto del programa en la administración Trump
El regreso de Trump al poder promete activar el Programa 287(g) en todo su potencial. Según Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición, la prioridad es lanzar «la mayor operación de deportación masiva en la historia». Tom Homan, asesor clave en políticas migratorias, adelantó que ICE contará con mayor libertad para actuar, eliminando restricciones previas.
Trump también planea declarar una emergencia nacional para emplear al ejército en las deportaciones y suspender visados a países que no acepten a sus ciudadanos deportados. Estas medidas, basadas en leyes como la de Enemigos Extranjeros y la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración, intensificarán la política antimigratoria de su gobierno.
Posibles consecuencias y desafíos legales
La reactivación del Programa 287(g) podría convertirse en un foco de conflictos legales y sociales. Sus críticos destacan los casos de abuso y la falta de preparación de los agentes locales para ejecutar funciones migratorias. Mientras Trump y sus aliados defienden esta política como una herramienta de seguridad pública, las comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos civiles se preparan para enfrentar los retos que esta estrategia representa.
