Una sola frase resume las propuestas del gobernador Ron DeSantis para la Legislatura del estado de Florida en 2023. Y resumiría también su proyección político-legislativa nacional, si al final apuesta por la presidencia de Estados Unidos.
De hecho, la frase titula uno de los capítulos de un libro publicado por DeSantis hace poco. Según el autor, el “modelo” estatal de Florida debería funcionar como base para “resucitar a EE.UU”.
En sentido general, el gobernador republicano opta por profundizar su agenda conservadora. Así lo demuestran las propuestas legales apoyadas por él en la sesión legislativa de Florida. Esta transcurre desde el 7 de marzo, y concluirá el 5 de mayo.
La agenda contiene tres núcleos duros. Ampliar el derecho a portar armas. Aumentar los medios para demandar a medios de comunicación por difamación. Restringir más la diversidad de programas en las universidades públicas (estatales).
Más garantías legales para portar armas
La ley actual de Florida obliga a las personas a obtener un permiso del estado para portar armas en público.
Pero, ¿para qué tanta burocracia? Los republicanos defienden un proyecto de ley a favor de un “porte (de armas) constitucional”, o “porte sin permiso”. Así le llaman coloquialmente los activistas pro-armas.
Dicho de la forma más sencilla: la normativa autoriza a portar armas donde sea en Florida, sin necesidad de permiso. Y el gobernador DeSantis dejó claro el nivel de prioridad del asunto. “Esto es algo que de alguna manera siempre he apoyado”, comentó en diciembre de 2022.
No obstante, en las últimas semanas, los republicanos mencionan la propuesta legal junto con medidas para incrementar la seguridad en las escuelas. Más en concreto, hablan de expandir el programa que permite a los empleados de distritos escolares llevar armas a esos centros. (Una estrategia para volver “el porte de armas sin permiso” más atractivo para los votantes, según los demócratas).
Contra los medios de comunicación
DeSantis apoya con fuerza una propuesta legal para facilitar las demandas contra medios de prensa, por difamación.
En este sentido, la norma HB 991 entiende como difamación las alegaciones de discriminación contra otras personas a causa de su raza, sexo, orientación sexual e identidad de género.
La legalidad constitucional de la medida resulta cuestionable, según expertos. Varios de sus acápites entran en contradicción con un fallo de la Corte Suprema sobre la Primera Enmienda, dedicada a los derechos de la libertad de religión y expresión.
Censura de programas educativos a todos los niveles
La propuesta legal republicana HB 999 pretende fortalecer el control de las autoridades del estado de Florida sobre las universidades públicas. Y por esta vía, dominar los programas educativos de estos centros, sobre todo los relativos a la diversidad y la inclusión.
La normativa da autoridad a la Junta de Gobernadores de Florida para forzar a las universidades estatales a remover los cursos sobre temas de teoría racial y de género. Asimismo, la autoriza para prohibir gastos financieros en programas o actividades relacionadas con tales asuntos.
Los republicanos de Florida también promocionan leyes para prohibir el uso de pronombres que “no se correspondan con el sexo de una persona”. Ello aplicaría para estudiantes, profesores, funcionarios y empleados escolares en general, dentro de las instituciones educativas.
Una censura con historia y “buenos frutos”
Con esta política de guerra cultural en el ámbito de la enseñanza DeSantis logró elevar su perfil nacional. Su ataque va dirigido contra las temáticas de “raza”, “identidad de género”, y “orientación sexual”. Ello le gana el favor de diversos sectores sociales, en especial dentro del Partido Republicano y los conservadores en general.
Su “Ley Detengan el WOKE” censuró las discusiones sobre raza en las escuelas. (En inglés la palabra “woke” nombra, despectivamente, a quienes abogan por la discusión de los prejuicios raciales y la discriminación por tal motivo).
DeSantis también presiona al Consejo Universitario. Como resultado, al parecer, la institución transformó los cursos sobre temas afroestadounidenses en la enseñanza superior.
Asimismo, el gobernador de Florida tomó represalias contra la compañía Disney, por su oposición a la “Ley No digas gay” (Don´t Say Gay, en inglés). Esta restringe la enseñanza en las escuelas de temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
Su libro de memorias, recién publicado, destaca sus logros como gobernador en Florida. Y los vende como el modelo ideal para las políticas necesarias en todo Estados Unidos.
