En el sur de Florida, las escuelas han comenzado a prepararse ante la posibilidad de redadas migratorias en sus instalaciones, luego de que la administración de Trump eliminara normativas que protegían ciertos espacios como iglesias, hospitales y centros educativos.
Las autoridades escolares han recordado a los directores que no deben divulgar información de los estudiantes sin autorización y que, ante cualquier situación, deben informar a su superintendente regional o al equipo legal del distrito.
Además, se han distribuido recursos y contactos de organizaciones legales y comunitarias para asistir a las familias inmigrantes.
Temor en la comunidad educativa
A pesar de que no se han reportado intervenciones en las escuelas de Florida, el ambiente de incertidumbre ha crecido entre padres, maestros y alumnos. Muchos temen que miles de familias puedan verse afectadas por estas medidas.
En Miami-Dade, uno de cada cuatro estudiantes en el ciclo escolar 2023-2024 era aprendiz del idioma inglés, lo que sugiere que un porcentaje significativo podría ser inmigrante reciente.
Al menos 25 escuelas en el distrito tenían más del 15% de su alumnado nacido fuera de Estados Unidos y matriculado el mismo año de su llegada.
El impacto podría extenderse a nivel estatal, donde cada año se gradúan alrededor de 13,000 estudiantes indocumentados. Según estimaciones del Instituto de Política Migratoria, en 2019 había 68,000 estudiantes sin documentos entre 3 y 17 años en Florida.
Algunas familias han manifestado su temor a enviar a sus hijos a la escuela. Una familia colombiana, que llegó al sur de Florida hace pocos meses, ya está considerando regresar a su país ante la incertidumbre.
Medidas de protección en las aulas
Ante el temor de posibles detenciones, algunos padres han optado por preparar a sus hijos con tarjetas que detallan sus derechos.
Adriana Rivera, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, le dio a su hijo, ciudadano estadounidense, una tarjeta con el mensaje: «No hablaré contigo sin un padre o un abogado presente, es mi derecho de la Quinta Enmienda».
El miedo también se extiende a los educadores. En todo el país, al menos 15,000 profesores son beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), un programa cuya continuidad sigue en disputa legal y que Trump intentó eliminar en su primer mandato.
Diferencias en la respuesta de los estados
A nivel nacional, algunos distritos han implementado medidas para informar y proteger a la comunidad estudiantil. En Los Ángeles, por ejemplo, se han distribuido tarjetas con derechos legales para los inmigrantes.
La ley federal establece que ningún estudiante puede ser rechazado de una escuela pública por su estatus migratorio. Sin embargo, expertos advierten que la falta de claridad en las políticas podría derivar en interpretaciones distintas entre los distritos escolares.
Las órdenes ejecutivas de Trump han endurecido las medidas migratorias, incluyendo restricciones a la ciudadanía por nacimiento y la eliminación de ciertos programas de libertad condicional.
En una declaración reciente, el Departamento de Seguridad Nacional calificó la situación migratoria en los 50 estados como una «afluencia masiva de extranjeros» y pidió la cooperación de las autoridades locales.
Recursos y recomendaciones para las familias
Organizaciones como la Florida Rapid Response Alliance for Immigrant Safety and Empowerment (RAISE) han puesto a disposición una línea directa gratuita (888-600-5762) para asesoramiento legal y denuncias de posibles abusos por parte de las autoridades.
Los abogados recomiendan que los inmigrantes tengan siempre a la mano documentos que demuestren su estatus migratorio o citas pendientes con la corte.
Aunque la ley impide que agentes de inmigración ingresen a las escuelas sin una orden judicial, los expertos advierten que podrían esperar fuera de los centros educativos para realizar arrestos.
El distrito de Miami-Dade también ha publicado una lista de recursos para familias inmigrantes, con el objetivo de brindar apoyo ante esta situación incierta.