Una de las noticias más relevantes de los últimos días, que involucra a Estados Unidos, tiene que ver con los migrantes. Resulta que se flexibilizarán las condiciones para considerar sin un migrante resulta una carga económica.Esas normas se habían reforzado durante la administración de Donald Trump, así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Su secretario, Alejandro Mayorkas, afirmó que el nuevo sistema garantiza un trato humano y justo para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses.
“No penalizaremos a las personas por elegir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales suplementarios disponibles para ellos”, sentenció Mayorkas.
Prueba de “carga pública” continuará legislada
En efecto, en la legislación migratoria de Estados Unidos permanece la prueba de “carga pública”. Con ella identifican a las personas que pudieran depender del Estado para subsistir. Si eso se comprueba, algo muy subjetivo por cierto, se niega la residencia legal permanente o Green Card.
En el mandato de Trump estos criterios se reforzaron, de hecho, aumentaron las condiciones para incluir a los beneficiados por programas sanitarios, viviendas o ayudas alimentarias.
Todo ha ido cambiando, para bien, desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. La norma de 2019 se revocó, no está vigente ya. El mandatario fijó la llamada “regla final” que restauró los aspectos establecidos durante varias décadas.
Por ejemplo, antes de 2019 la mayoría de los subsidios, no monetarios, emitidos por el gobierno estaban excluidos de la consideración de carga pública.
En ese caso entró el Medicaid, un programa que ayuda a las personas con bajos ingresos a pagar sus costos de salud.
La “regla final” se pondrá en práctica el 23 de diciembre del presente año. Desde ese momento, el DHS considerará que un inmigrante es una carga pública si existe la opción de que dependa del gobierno para su subsistencia.
