En Estados Unidos, cada vez son más comunes las estafas relacionadas con los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Contrario a lo que muchos pudieran pensar, los fraudes no solo son estafas a las familias necesitadas de estos fondos para alimentos. También están de moda los supuestos beneficiarios que no ocupan ese dinero para los fines a los que deberían estar destinados.
En tal sentido, la prevalencia de actividades fraudulentas dentro del programa provoca que se pierdan fondos necesarios para miles de personas.
Por ejemplo, a través del skimming del EBT, los delincuentes roban fondos de los beneficiarios de SNAP y los convierten en efectivo. Además, realizan compras al por mayor en los principales puntos de venta.
Lo cierto es que este tipo de estafa se ha vuelto un problema nacional que afecta mayoritariamente a los ciudadanos más vulnerables del país.
SNAP continúa siendo un programa frágil a pesar de que las tarjetas de crédito y débito incorporan tecnología de chip avanzada. Todo esto con el objetivo de truncar los planes de delincuentes que intentan hacer un mal uso de materiales de plástico blanco con fines fraudulentos.
Al parecer, estamos en presencia del último gran programa de asistencia gubernamental que carece de herramientas efectivas de verificación de identidad utilizadas a nivel mundial. Así lo confirmó el Consejo Unido de Bienestar Social ante el Congreso.
De hecho, los delincuentes transnacionales ejecutan ataques masivos de bots, similares a los ataques distribuidos de denegación de servicio en sitios web. De este modo realizan consultas de saldo utilizando números PIN programados.
¿Qué alternativa pudiera tomarse al respecto?
Es innegable que para detectar fácilmente los patrones indicativos de fraude se necesita una mayor inversión en tecnología de análisis de datos avanzados. De igual modo, también son necesarios sistemas de verificación digital.
Estados Unidos ya dio un primer paso para castigar, gracias a la Ley Agrícola de 2018, los fraudes relacionados con SNAP. Sin embargo esta ley no funciona para prevenirlos.
En su momento, existió un proyecto conocido como el National Accuracy Clearinghouse, aprobado para implementarse a fines de 2021.
Con su tecnología se simplificarían las cargas administrativas ya sea para los destinatarios, como para los administradores de programas. Asimismo, reforzaría significativamente la capacidad para identificar y prevenir el fraude.
Pero, lamentablemente, se eligió un programa piloto en su lugar que concluirá en 2027. Es decir que, para solucionar este problema, la Ley Agrícola de este año debería propiciar un mayor presupuesto para combatir el fraude sobre SNAP.
