Un juez federal en Texas ha ordenado una pausa temporal en la implementación del programa «Keeping Families Together», una iniciativa del gobierno de Joe Biden que busca regularizar el estatus de cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
La medida, que había entrado en vigor el 19 de agosto, ha sido suspendida por un periodo de 14 días, según la decisión del juez federal de distrito J. Campbell Barker.
El programa «Keeping Families Together», establecido mediante una acción ejecutiva del presidente Biden, permite a ciertos cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses solicitar permiso de permanencia temporal y eventualmente obtener la residencia permanente sin tener que abandonar el país, un proceso que normalmente requeriría salir de Estados Unidos.
Sin embargo, la iniciativa ha enfrentado oposición desde su implementación, con demandas presentadas por 16 estados liderados por republicanos. El estado de Texas encabeza esta demanda. Argumentan que el programa impone un costo significativo a los gobiernos estatales. Al obligarlos a proporcionar servicios como salud, educación y seguridad a los beneficiarios del programa.
De acuerdo con estimaciones del gobierno, este programa podría ofrecer estatus legal y protección a unas 500,000 familias estadounidenses. Así como a aproximadamente 50,000 hijos de inmigrantes menores de 21 años que no son ciudadanos, pero cuyos progenitores están casados con ciudadanos estadounidenses.
Suspensión temporal
El juez Barker, en su fallo, ha otorgado un plazo de 14 días para que las partes involucradas presenten sus argumentos antes de una audiencia programada para revisar la orden judicial.
El programa «Keeping Families Together» ha sido considerado por algunos analistas y organizaciones internacionales como uno de los más significativos desde la creación del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Este último bajo la administración de Barack Obama, y que ha beneficiado a más de 800,000 migrantes con permisos de trabajo y protección legal.
Sin embargo, este programa ha generado una considerable controversia. Especialmente en un año electoral donde la inmigración sigue siendo un tema central en el debate político. Según reportes de la agencia AP, la suspensión del programa ha intensificado las tensiones entre las administraciones estatales y federales. Muestra inequívoca de la polarización existente en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos.
