El presidente Donald Trump ha promulgado la Ley Laken Riley, la primera de su segundo mandato, que establece la detención obligatoria y la posible deportación de inmigrantes indocumentados que sean acusados de robo, otros delitos menores o crímenes violentos, sin necesidad de una condena formal.
Deportación sin juicio previo
Hasta ahora, la expulsión de inmigrantes requería una orden judicial o un proceso administrativo. Sin embargo, con esta nueva legislación, basta con una acusación para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan arrestar y deportar a una persona sin documentos.
La normativa lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024. El responsable del crimen fue un inmigrante indocumentado de origen venezolano que había sido detenido en varias ocasiones antes del homicidio. Su caso fue utilizado como argumento por los defensores de políticas migratorias más estrictas.
Reacciones y controversia
Republicanos y algunos demócratas han respaldado la medida como un paso hacia la seguridad pública, mientras que grupos de derechos civiles advierten sobre los riesgos de aplicar detenciones y deportaciones sin juicio, lo que podría derivar en redadas masivas.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han advertido que la ley puede derivar en la detención prolongada de personas acusadas de delitos menores, incluso de incidentes ocurridos hace años.
Además, el otorgamiento de facultades a los fiscales generales estatales para intervenir en temas de inmigración podría generar nuevas disputas legales.
Implicaciones y posibles desafíos legales
La Ley Laken Riley refuerza el endurecimiento de la política migratoria de Trump y su promesa de aplicar deportaciones masivas.
Sin embargo, se espera que la legislación enfrente desafíos en los tribunales, tanto por la constitucionalidad de la detención sin condena como por el impacto financiero en la ampliación de centros de detención.
Mientras tanto, defensores de los inmigrantes advierten que la implementación de la norma podría marcar el inicio de un mayor número de arrestos y expulsiones, con consecuencias humanitarias significativas.