El expresidente Donald Trump y su administración han recibido un golpe inesperado en su intento de recortar miles de millones en fondos gubernamentales.
A pesar de su estrategia para reducir el gasto y modificar el rumbo de agencias clave, la Corte Suprema de Estados Unidos ha intervenido con un fallo que obstaculiza una de sus decisiones más polémicas.
La medida, que buscaba bloquear un importante desembolso de dinero ya comprometido, se topó con la resistencia de los tribunales. En un fallo dividido de 5-4, la Corte Suprema rechazó la petición de emergencia del Departamento de Justicia, permitiendo que casi 2,000 millones de dólares en ayuda exterior sean desbloqueados y destinados a proyectos en curso.
El dictamen se produce luego de que el juez de distrito Amir Ali ordenara al Gobierno descongelar los fondos, que habían sido retenidos por una orden ejecutiva de Trump. La negativa del tribunal superior a frenar la orden deja el camino libre para que el dinero fluya hacia organizaciones y contratistas que ya habían realizado trabajos para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado.
Una batalla en los tribunales y una crisis dentro de USAID
Desde su regreso al poder, Trump ha redoblado esfuerzos para reducir el tamaño del Gobierno federal, y la USAID ha sido uno de sus principales objetivos. Sin embargo, su ofensiva ha generado caos dentro de la agencia, con recortes masivos de programas y despidos en su plantilla.
El fallo de la Corte Suprema, aunque no es definitivo, representa un obstáculo significativo para la estrategia de Trump. Además de los fondos desbloqueados, se espera que el tribunal de distrito continúe evaluando otras demandas relacionadas con la eliminación de programas y contratos.
El impacto de esta disputa se siente en diversos frentes. Entre los proyectos que se verían beneficiados por la liberación de estos recursos se encuentran la instalación de estaciones de riego en Ucrania, la mejora de infraestructura hidráulica en Nigeria, la provisión de equipos médicos en Vietnam y Nepal, y el combate contra la malaria en varios países africanos.
Las consecuencias de un fallo que divide a la Corte Suprema
La decisión judicial no estuvo exenta de controversia. Cuatro jueces conservadores, entre ellos Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, disintieron, argumentando que la orden del juez Ali impone un “poder sin control” para obligar al Gobierno a realizar pagos con dinero de los contribuyentes.
Por su parte, la Administración Trump ha insistido en que la reevaluación de los fondos de USAID es una medida necesaria para controlar el gasto y que no todas las partidas deben ser aprobadas sin revisión. Sin embargo, para las organizaciones que dependen de estos recursos, el retraso en los pagos ha significado despidos masivos y dificultades operativas en el extranjero.
En medio de esta batalla legal, la Casa Blanca aún tiene margen para maniobrar. La Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que el tribunal de distrito aclare las obligaciones del Gobierno en la aplicación del fallo, lo que podría generar nuevos escenarios en los próximos días.
Mientras tanto, los efectos de esta política ya se sienten: el jueves, empleados de USAID despedidos recogían sus pertenencias en la sede de Washington, mientras grupos de apoyo y críticos de la medida se congregaban en las afueras. El enfrentamiento entre la Administración y el poder judicial sigue escalando, y con ello, la incertidumbre sobre el futuro de la ayuda exterior estadounidense.